Acueducto Complementario

Después de 20 años de iniciar elproyecto del Acueducto Complementario para la ciudad de Ibagué donde miles de millones se han despilfarrado en manos de seis Alcaldías, hoy sigue sin culminar siquiera su primera fase.

El gerente del Ibal, Carlos José Corral, en ese sentido manifestó que “es un proyecto viable pero esta difícil  obtener un cierre jurídico y económico, hay que ser claro cuando se firmó ese contrato en el 2012 no había licencias, permisos y se sabía que no iba a traer agua a ninguna parte de la ciudad”.

Al proyecto que comenzó valiendo 33 mil millones de pesos y que ya está avalado en más de 100 mil millones, también se le negó por recomendación de la Procuraduría General de la Nación la adición de recursos que solicitaba el Consorcio Acualternos por un monto de 12 mil millones para terminar la instalación de 4.7 Km de la fase 1. 

“Al proyecto se le destinan 43.000  millones del Gobierno Nacional que pretenden sustentarlo  sin diseños reales,  en un inicio se planteó que para terminar todo el proyecto del acueducto complementario se necesitaban 40.000 mil millones de pesos que al día de hoy el proyecto pide más de 100.000 millones de pesos y no se ha terminado aún la primera fase”, agregó Carlos Corral.

Después de conocer que Acualternos se ganó la implementación de la Fase I y después manifestó sin reparo alguno que quedó mal costeado y ahora  vale el triple, el gerente del Ibal afirma que “el acueducto puede que se quiera terminar pero el Ibagué de hoy no lo necesita”.

Suministro de agua para El Tejar 

Hay un documento que manifiesta que Acua Boqueron pactó el suministro de agua a la Gestora Urbana para 1.110 viviendas en el Tejar, “se les dará el servicio de agua cuando Acua Boqueron tenga la disposición de suministrar y deje su falta de dimensión de empresa”, añadió Carlos Corral.

El gerente del Ibal afirma que Acua Boqueron una empresa que tiene 2000 usuarios tiene las condiciones para suministrar el agua al proyecto el Tejar, “lo único que necesita es prestar el servicio público que debe brindar como operador”.

¿Hay disponibilidad de agua potable para el Coiba?

Carlos José Corral aprovechó para manifestar la lamentable situación que atraviesa el Coiba de Picaleña al no tener agua, “el complejo penitenciario tiene permitido un consumo de 8 litros por segundo y con factura en mano podemos demostrar que están consumiendo 30 litros de agua por segundo y ahora están construyendo 560 celdas nuevas y les otorgaron la construcción cuando no tienen disponibilidad de agua potable para esas celdas”.

El Ibal y la tercerización con Presea

Pese a los reparos de la Procuraduría y a las dudas en el proceso, fue adjudicado la licitación para el desarrollo de la Gestión comercial en el Ibal por 3.800 millones de pesos al Consorcio Presea Ibagué.

Frente a la contratación el gerente del Ibal, Carlos José Corral asegura que “la relación con el ingeniero Jorge Carrillo era directa de asesoría de la gerencia y fue quien me ayudó a estructurar el proyecto que generó la licitación que finalmente se ganó Presea.

A pesar que se abrió la licitación buscando el bien común, la Contraloría de Ibagué entregó un informe especial de la investigación al contrato entre el Ibal y el consorcio Presea Ibagué donde se evidenciaron inconvenientes administrativo y disciplinario en la contratación y en el desarrollo de los servicios prestados por Presea.

Demandas laborales en el Ibal

El gerente del Ibal, Carlos Corral asegura que “evidentemente hay unas demandas laborales donde se tiene una firma contratista que tiene una póliza de respaldo y allí se determina la responsabilidad por demanda laboral durante tres años y ahora hay abogados laborales en defensa de nuestros procesos”.

El Abogado Fernando Varón cobró en 2011 prima de éxito al Ibal por $56.572.883 por lo cual fueron sancionados ex funcionarios en primera Instancia por la Personería Municipal. 

Hace más de un año reposa la apelación en la Procuraduría Regional del Tolima del fallo de primera instancia que profirió suspensión del cargo e inhabilidad contra Libardo Gutiérrez y German Darío Fonseca con 10 y 12 meses respectivamente, por haberle cancelado al abogado conservador, Fernando Palomino, unos honorarios marginales a su contrato de asesoría por $4.500.000 de pesos mensuales para defender al Ibal contra delicados temas laborales que siempre le han aquejado.