Saqueo de la corrupción equivale a casi un billón de pesos por semana
Aunque es difícil cuantificar el costo de la corrupción en el país, diversos cálculos se acercan a la reciente cifra que dio el contralor general, Edgardo Maya, según la cual este flagelo le cuesta al país 50 billones de pesos al año: casi un billón de pesos por semana.
La Procuraduría afirma que la corrupción le pasa a Colombia una factura equivalente al 4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), ante lo cual se estaría hablando de unos 32 billones de pesos. Es un monto cercano al que destinará la Nación a inversión este año: 32,9 billones, según la presentación del Presupuesto General.
La Sociedad Colombiana de Economistas (SCE) también le apostó a ese porcentaje (4 %), con la salvedad de que evaluó el costo de este fenómeno en una décadas (1991 a 2000). El número llega a los 189 billones de pesos, es decir, 27 veces lo que dará la reforma tributaria en el 2017 (unos 7 billones de pesos).
El panorama tiende a oscurecerse si se tiene en cuenta que el costo de la corrupción solo incluye las pérdidas netas por contratos interrumpidos. A eso súmele el freno al desarrollo de la economía y el aumento en la desigualdad.
Para que el país tenga una idea del desastre solo hay que calcular qué se podría hacer con los 50 billones de pesos del saqueo anual: serían suficientes para atender el pago del servicio de la deuda de la Nación del 2017: unos 54 billones. También alcanzarían para desarrollar dos o tres líneas del metro para Bogotá, o mejor aún, cubrirían el costo estimado de las llamadas obras de Cuarta Generación, unos 45 billones de pesos. Y los ejemplos pueden ser en distintos frentes, más aún en un país con tantas necesidades en salud, educación, infraestructura, recreación y asistencia social.
La ola de efectos es más amplia. La encuesta conocida como el Barómetro de las Américas, durante varios años ha mostrado que más de la mitad de los colombianos (59 por ciento) estima que la corrupción está generalizada entre funcionarios.
Esa realidad se enlaza con lo expresado por la Procuraduría, en el sentido de que un particular o un contratista ofrecen una comisión que oscila entre 10 y 25 por ciento del valor del contrato.
Esas ‘mordidas’ implican que, si un contrato vale 10 billones de pesos, hay que tener disponibles 12,5 billones para obtenerlo, lo que finalmente encarece el costo que tienen que pagar los ciudadanos cuando la obra es puesta al servicio.
Aunque las autoridades mantienen las alertas encendidas y los avances en la materia están dando resultados, son débiles frente a las dimensiones que ha alcanzado el fenómeno.
Las cuentas de la Auditoría General, indican que por cada 1.000 pesos en procesos de responsabilidad fiscal solo se recuperan 40 (el 4 %). Hasta el 2011 ese nivel de recuperación era del 0,8 por ciento, esto es, solo 8 pesos por cada 1.000.
Expertos consultados indican que para que se haga un buen uso de los recursos públicos se requiere fortalecer la vigilancia de las entidades de control.
Las cifras de la Auditoría muestran que en el último cuatrienio (2012 a 2015), del presupuesto total de esos años: 406 billones de pesos, solo se les puso la lupa a 312 billones, es decir, el 76,8 por ciento.
Pero también hay buenas noticias: 400 pesos de cada 1.000 pesos que están en riesgo de despilfarro son salvados con las auditorías que se realizan.
Según la Contraloría General, “el recaudo total acumulado, desde que se inició la actual administración, es de 127.000 millones de pesos, mientras que el total del periodo anterior fue 68.000 millones”.
A este organismo de control fiscal, en el 2015, le correspondía auditar 563,8 billones de pesos, de los cuales, 520 son nacionales y 43,7 territoriales. El porcentaje auditado fue del 52,3 por ciento, es decir, 295,2 billones de pesos.
El año pasado, esta entidad estableció hallazgos fiscales por 224.000 millones de pesos y, según su reporte, la recuperación fue de 34.000 millones, es decir, un 15 por ciento. Las cifras son suficientes para advertirle al país y a sus dirigentes que ya es hora de frenar a quienes que se roban el país.
Tomado de El TIEMPO (ver nota original)