Según la información de este audio, las familias deberían prepararse para un bloqueo que supuestamente comenzará el próximo lunes (27 de febrero), que no dejaría pasar ningún tipo de producto, y podría tener una duración de tres meses. El audio se ha hecho viral, ha pasado rápidamente de teléfono en teléfono. El audio es falso.

Kienyke.com habló con uno de los líderes camioneros, Alberto Palma, que desmintió la información de estos audios. Declaró que aunque las asociaciones camioneras no han contemplado un paro de estas características, sí tienen organizado una gran manifestación nacional impulsada por la Familia Camionera Unida de Colombia y del Transportador Tradicional (FACUN).

Esta manifestación se realizará el próximo martes 28 de febrero a las 8:00 a.m. desde el edificio Gran Estación 2 y el Ministerio de Transporte; en ésta participarán las centrales obreras a nivel nacional, la CUT y otras organizaciones de trabajadores, junto con las más de 20 asociaciones de camioneros tradicionales que conforman la FACUN. Según Palma, “es probable que este plantón termine provocando un gran paro nacional”. El líder camionero reveló que las asociaciones de camioneros están planeando otras formas de protesta pero todavía se están ajustando detalles.

Esta manifestación se realizará como protesta a la resolución 332 del 15 de febrero de 2017 expedida por el Ministerio de Transporte, que define y modifica las condiciones y el procedimiento en la política pública de modernización del parque automotor de carga. Según lo declarado por Palma, esta resolución “es un atropello del Gobierno porque está premiando a quienes quebraron el sector de transporte de carga”.

La resolución modifica los parámetros en los procedimientos de reposición por desintegración física total, destrucción total, y modernización del parque automotor mediante la utilización de certificados de cancelación de matrícula. Sin embargo, lo que pretendía sanear el problema provocado por los camiones mal matriculados, en realidad terminó implicando “sacar definitivamente del mercado al transportador tradicional y entregarle todo el transporte de carga a las grandes empresas transportadoras de carga”.

Esta resolución, según lo explica Palma, revive la póliza para matricular un nuevo camión (algo que consideran negativo para el plan de reposición de camiones uno a uno), baja el precio de los cupos de las matriculas casi en un 50% y, al final, termina legalizando todos los delitos cometidos por los camiones mal matriculados y eliminando la protección que el Gobierno les brindaba a los camioneros tradicionales.

Además, la resolución implicaría que para el año 2021, los camiones viejos tendrían que salir obligatoriamente de circulación porque las grandes empresas de transporte traerían camiones más nuevos con facilidad de matricula, lo que también rompería con la protección al camionero tradicional.

El cartel de la chatarrización y los camiones mal matriculados

Alberto Palma reveló que gracias a la investigación realizada por los camioneros, la Fiscalía, la Procuraduría y la Sijin fue que se llegó a la captura de los responsables del cartel de la chatarrización.

Las revelaciones de la investigación indicaron que alrededor de 50.863 camiones estaban mal matriculados y no cumplían con los requisitos de rodamiento, es decir, no estaban soportadas con una póliza ni tenían autorización de chatarrización del Ministerio de Transporte.

En el proceso se hallaron documentos, como pólizas de banco y resoluciones del Ministerio de Transporte, para registrar irregularmente más de 50.000 camiones y que certificaban la existencia de cupos por chatarrización de vehículos.

El presunto responsable de este desfalco es Pedro Aguilar, que era el líder de la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC), con cuyos líderes la Facun asegura ya no tener vínculos, y a quien se le acusa de delitos de concierto para delinquir, fraude procesal, uso de documento falso, destrucción, ocultamiento de documento público y estafa agravada.

El cartel de la chatarrización funcionaba así: se falcificaban registros de la policía para probar un accidente o hurto para ir al ministerio, con documentos falsos, y se inventaban cupos que no existían para registrar un carro que no existía y reclamaban este cupo para el desembolso de dineros.

¿Y qué hacían con los cupos?

Un funcionario del Ministerio de Transporte reveló a los medios en su momento que los grandes empresarios llamaban a los gremios para que les ayudaran a conseguir los cupos, sin saber el verdadero origen de estos (y lo que también generó el problema de los camiones mal matriculados).

De esta forma, cerca de 12 mil vehículos fueron chatarrizados ilegalmente y los culpables obtuvieron una ganancia de alrededor de 600 mil millones de pesos.

Tomado de Kienyke (Ver nota original)