La Asociación Nacional de Empresa de Servicios Públicos y Comunicaciones, Andesco, señaló que el texto de la reforma propuesta por el Gobierno al Congreso es señal de intervención estatal para privilegiar lo público, lo cual perjudica el modelo actual cuyo éxito principal ha radicado en la participación igualitaria de empresas públicas, privadas y mixtas.

El presidente del gremio, Camilo Sánchez dijo que “se estaba avanzando en una posible construcción de manera concertada del proyecto de reforma a la ley de servicios públicos, pero al ser conocida la última versión de este texto se siguen dando pasos atrás sin tener en cuenta aspectos fundamentales que desde el gremio se habían señalado”.

“Este es un proyecto que desconfía de la estructura regulatoria que tiene el país y prácticamente quiere abolirla”, aseguró el dirigente.

Lo que preocupa

Señaló algunos de los aspectos principales de este borrador de reforma que serían perjudiciales para la prestación de servicios públicos en Colombia:

Entre los principios rectores, que representan la brújula para la prestación de servicios públicos, no se incluyen algunos que han sido esenciales para el desarrollo y el mejoramiento de los indicadores de la cobertura y la calidad de los servicios, como el de libertad de entrada y el de suficiencia financiera.

Las atribuciones que se le conceden al presidente de la República como directo regulador ya que las decisiones de las comisiones reguladoras con sustento técnico podrían ser reemplazadas por prioridades de carácter político. Además esta medida es contraria a la decisión recientemente adoptada por el Consejo de Estado que decretó la suspensión provisional del decreto de reasunción de funciones regulatorias por parte del Presidente. “Esta discusión parecía tema superado debido a que el Gobierno tiene mayorías absolutas en cada una de las comisiones y solo le falta nombrar algunos miembros en propiedad”, enfatizó.

El tercer tema tiene que ver con las facultades exorbitantes al Superintendente de Servicios públicos incluyendo el ejercicio de funciones jurisdiccionales con un poder absoluto y sancionador incluyendo multas confiscatorias, sin criterios claros de dosimetría, que podrían desembocar en arbitrariedad e ineficiencia en el ejercicio de sus funciones en perjuicio de los usuarios.

Se plantea el tema de mínimos vitales en todos los servicios, incluyendo las TIC, sin precisar con claridad las nuevas fuentes de financiación que lo faciliten; en estos momentos de estrechez fiscal y de decrecimiento económico no hay un espacio de recursos que puedan soportar esta nueva situación y por el contrario se aumentaría el déficit a niveles insostenibles, poniendo en riesgo la suficiencia financiera de las empresas.

En quinto lugar las TIC, por sus características de prestación, las particularidades y especialidad requeridas tanto en lo regulatorio como en lo técnico, sus entidades de regulación y vigilancia, las reglas de competencias a las cuales están sujetas, entre otras, no deben estar incluidas, en ningún caso, en la posible modificación a la ley 142 de 1994 dado que existen ya normas específicas que regulan la prestación de estos servicios y allí es donde se deben hacer las modificaciones que correspondan. 

Este sector tiene elementos como los de neutralidad de red, asignación del espectro, individualización de los usuarios y no tienen subsidios, quedando claro que es un sector totalmente diferente a los servicios públicos domiciliarios, es decir “mezclar peras con manzanas”.

Tarifas

“Por un problema coyuntural de tarifas no se puede poner en riesgo el sector de servicios públicos que ha funcionado exitosamente en los últimos 30 años. No hay que olvidar que Colombia es ejemplo en cobertura y calidad de Servicios Públicos en Latinoamérica. Lo que funciona no se destruye, se mejora y este proyecto podría desnaturalizar todo el modelo, generando caos e incertidumbre, perdiendo además el foco que en este momento debe ser lograr pasar el Fenómeno del Niño con éxito”, señaló.

“Bien lo mencionó un exfuncionario del Gobierno actual, en este como en los demás proyectos de reforma hay una desconexión entre ideales y practicidad. Lo que terminaría sucediendo es que prestar servicios públicos en Colombia se vuelva muy difícil pues, entre otras cosas, la inseguridad jurídica desincentiva la inversión. Es imperativo seguir dialogando para construir sobre lo construido. Esta es una reforma en la que no tenemos que correr porque una mala decisión puede ocasionar daños irreparables en detrimento de los usuarios y de los servicios”, concluyó el presidente de Andesco.