Las plenarias de Senado y Cámara aprobaron esta madrugada en segundo debate el proyecto de ley que adiciona $16,9 billones al Presupuesto General de la Nación, PGN 2023. Con esta adición el PGN asciende a $422,5 billones; cifra 4,2% superior al monto aprobado en la Ley 2276 de 2022 que fue de $405,6 billones.

El proyecto de ley tiene como fuente principal de financiación el recaudo derivado de la reforma tributaria aprobada por el Congreso en diciembre pasado. 

El ministro de Hacienda, encargado, Diego Guevara, destacó que gracias al trabajo conjunto del Congreso de la República y el Gobierno Nacional, en el marco de un constructivo debate democrático, estos recursos se destinarán a la reactivación económica, en programas de gasto que es viable ejecutar durante el segundo semestre del presente año. 

Los recursos adicionales previstos son el resultado de la revisión de recursos ciertos para adicionar gastos ciertos. La caída del precio del Brent, la disminución de las importaciones y la desaceleración de la actividad económica explican la necesidad de hacer una adición responsable y orientada hacia la reactivación económica. En todo caso, de ocurrir un mayor recaudo tributario este formará parte del PGN 2024.

La adición es consistente con el cumplimiento de la regla fiscal, señaló el ministro. En un escenario de desaceleración del crecimiento del PIB, como el que prevén la mayoría de los analistas y el Banco de la República para 2023, es viable aumentar la inversión pública para contener la pérdida de dinamismo de la actividad productiva. Ello es coherente con la regla fiscal, norma diseñada para que la dinámica del gasto público sea contraria al ciclo económico.

Con la adición aprobada, se calcula que el déficit fiscal del Gobierno Nacional Central, GNC, cierre 2023 en 4,3% del PIB; 1% del PIB inferior al 5,3% del PIB de 2022; cifra coherente con la trayectoria de la regla fiscal. 

Esta reducción del déficit fiscal obedece al incremento de los ingresos tributarios y de capital, que compensa el crecimiento del gasto dirigido a contener la desaceleración económica y avanzar por una senda de desarrollo inclusivo y sostenible, en línea con la Ley 2294 de 2023, por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida.  

Destino de los recursos
De los $16,9 billones aprobados en la adición, $9,1 billones se presupuestan en inversión; $7,3 billones en funcionamiento y $500 mil millones en servicio de la deuda. De este modo, la inversión totaliza $83,2 billones, 5,2% del PIB; 19,5% más que lo presupuestado en 2022. 

El articulado aprobado faculta a Findeter para otorgar créditos directos a las empresas de distribución y comercialización de energía eléctrica. Esta medida busca garantizar la liquidez de estas empresas, de cara a riesgos venideros como el fenómeno del niño, en aras de la seguridad energética y la lucha contra la inflación.     

Asimismo, faculta al Gobierno nacional para cofinanciar el déficit de los sistemas integrados de transporte público masivo y de los sistemas estratégicos de transporte público del país; de forma proporcional, dependiendo del número de primeras validaciones realizadas en 2019.

Los recursos adicionales aprobados hoy por el Congreso de la República se destinarán para atender, de forma prioritaria,  los siguientes fines: impulsar la reforma rural integral, la lucha contra el hambre y la seguridad alimentaria; fortalecer los subsidios de vivienda; impulsar el catastro multipropósito; mejorar la infraestructura y ampliar la cobertura de gratuidad educativa.

También los dineros llegarán  a garantizar el aseguramiento en salud por el impacto de las variables macroeconómicas; cubrir faltantes en los subsidios de energía y gas; construcción, rehabilitación ampliación, mejoramiento y mantenimiento de vías terciarias;  compensar el impacto de las variables macroeconómicas sobre el pago de obligaciones pensionales; protección, preservación, restauración y uso sostenible de áreas y ecosistemas estratégicos.

Con la adición se busca el fortalecimiento de la administración de justicia; incentivar la internacionalización y transformación productiva; cofinanciar el déficit de los sistemas integrados de transporte público masivo y de los sistemas estratégicos de transporte público; cerrar brechas digitales poblacionales; bienestar de las Fuerzas Militares y de Policía; impulsar la paz y fortalecer la educación artística y cultural.