El Gobierno Nacional radicó esta tarde en el Congreso el proyecto de ley de presupuesto del Sistema General de Regalías,SGR para el periodo 2023-2024, por un monto de $31,3 billones, cifra equivalente a 2,1% del PIB.

Este es el presupuesto que más recursos ha asignado a los territorios en los últimos diez años con lo cual se favorecerá en gran medida la transición gradual y ordenada hacia la descarbonización de las economías regionales y la transformación productiva incluyente, sostenible e intensiva en generación de empleo que requiere el país de cara a los retos de la agenda 2030.

El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, al radicar la iniciativa explicó que los recursos del SGR, junto con los que se asignen del Presupuesto General de la Nación, tienen el reto de apalancar la ejecución de proyectos estratégicos de inversión dentro estándares de eficiencia, que permitan combatir la corrupción y potenciar los efectos benéficos de la inversión pública en aras del bienestar colectivo.  

Ocampo dijo que se da cumplimiento al artículo 361 de la Constitución, pues el proyecto de ley favorece la descentralización de los dineros del Estado al asignar un presupuesto para la inversión de los territorios por $29 billones, de los cuales:

* $7,5 billones serán asignados directamente para entidades territoriales productoras y puertos.

* $3,8 billones se asignarán a los municipios más pobres y contribuirán al cierre de brechas y a la ampliación de capacidades productivas territoriales que permitan obtener mayores retornos económicos y sociales de los recursos del SGR.

* $10,1 billones serán asignados a los departamentos y regiones del país para la aprobación de proyectos de alto impacto regional, susceptibles de generar economías de escala en el uso de los recursos. De estos recursos, $6,1 billones serán probados directamente por los departamentos.

* $3,0 billones orientados a financiar proyectos en ciencia, tecnología e innovación, de los cuales $600.000 millones deben ser destinados a proyectos en ciencia, tecnología e innovación con incidencia en ambiente y desarrollo sostenible.

* $3,4 billones financiarán, en el marco de una paz total, proyectos que estabilizan y transforman los territorios más afectados por la violencia, la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad institucional, y así lograr el desarrollo rural que requieren los 170 municipios PDET, parte de estos recursos ya se encuentran comprometidos en proyectos aprobados en el marco del adelanto ordenado por la constitución.

* $694.000 millones serán asignados para los grupos étnicos del país encaminados a proteger los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y el pueblo Rrom o gitano de Colombia.

* $299.000 millones para la protección y conservación de las áreas ambientales estratégicas, el desarrollo sostenible y la lucha contra la deforestación, este propósito será fortalecido por la inversión de $599.000 millones, que deben garantizar para este fin los municipios más pobres del país y las comunidades étnicas, así como los $600.000 millones que deben ser destinados a proyectos en ciencia, tecnología e innovación con incidencia en ambiente y desarrollo sostenible.

* Cormagdalena recibirá $150.000 millones para inversión en las entidades territoriales ribereñas del Río Grande de la Magdalena.
Es de destacar que para el ahorro se destinarán a través de los Fondos para la Estabilización y para el Ahorro Pensional Territorial $1,3 billones. Así mismo, $299.000 millones para el control y vigilancia de la ejecución de los recursos del SGR.

También se destinarán $598 mil millones para el funcionamiento, operatividad y administración del SGR; para la fiscalización de la exploración y explotación de los yacimientos; el conocimiento y cartografía geológica del subsuelo; la evaluación y el monitoreo del licenciamiento ambiental a los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables; y para el incentivo a la exploración y a la producción.

Descentralización

El Ministro señaló que este la iniciativa favorece la descentralización de los dineros del Estado, al otorgarles herramientas suficientes a los mandatarios departamentales y municipales para controlar e invertir sus recursos en proyectos que apoyen el desarrollo de sus comunidades. 

Se buscará fortalecer los mecanismos institucionales relativos al ciclo de aprobación de los proyectos a través de las metodologías para la priorización. Esto con el fin de garantizar el impacto estructural que ordena la Constitución Política en los territorios y mejorar la integración del sistema de estructuración y priorización; de tal modo que se aprueben los proyectos de mayor impacto en la transformación productiva de los territorios.

En un contexto de autonomía territorial y responsabilidad fiscal, es necesario fortalecer los mecanismos institucionales que permitan integrar la ejecución del presupuesto del SGR con el PGN mediante un juicioso trabajo de articulación de los planes territoriales de desarrollo y los tres pilares del Plan Nacional de Desarrollo PND 2022-2026, que giran en torno a las premisas de Paz Total, Justicia Social y Justicia Ambiental, en línea con el programa de gobierno “Colombia potencia mundial de la vida”.

La articulación de los planes de desarrollo nacional y territoriales es un mandato legal que forma parte del sistema presupuestal del SGR. En este aspecto, la programación de este presupuesto da estricto cumplimiento a los mandatos constitucionales y legales que rigen la materia; los cuales están contenidos en los artículos 360 y 361 de la Constitución Política, la Ley 2056 de 2020 y el Decreto Único reglamentario del SGR que es el 1821 de 2020.

Frente a la perspectiva mundial de una transición energética hacia las energías renovables, la Ministra de Minas y Energía, Irene Vélez Torres, dijo que “el país afronta el reto de usar los recursos del SGR para transitar, de forma gradual y ordenada, hacia la descarbonización de las economías regionales y locales, en línea con los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), relacionados con la adopción de medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, sin poner en riesgo su seguridad energética”.
 
Lo anterior implica impulsar una transformación económica liderada por la incorporación del conocimiento en los procesos productivos, alineada con la transición energética hacia fuentes renovables, tal como lo recomiendan los estándares internacionales de organizaciones como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE.