La Contraloría General de la República ordenó la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal en cuantía de $1.624 millones ($1.624.181.986,4) por los pagos dobles y triples que equivocadamente se realizaron el 24 de noviembre de 2023, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a 180.715 funcionarios públicos de todo el país, vinculando como presuntos responsables al Ministro de Hacienda Ricardo Bonilla González, al viceministro General Diego Alejandro Guevara Castañeda y otros 5 funcionarios de esta cartera.

En esta decisión adoptada por la Contraloría Delegada para la Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo, a través de la Contraloría Delegada Intersectorial No. 1, se vincularon como terceros civilmente responsables a 4 compañías aseguradoras, para garantizar el resarcimiento del perjuicio ocasionado. 

Este proceso tuvo origen en la información publicada en la página web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y en diferentes medios de comunicación por el Ministro de Hacienda Ricardo Bonilla González, quien dio a conocer que el 24 de noviembre de 2023, mediante el SIIF Nación -Sistema Integrado de Información Financiera-, fueron efectuados pagos de nómina adicionales a varios servidores públicos, con cargo al Presupuesto General de la Nación, con erogaciones de dos o tres veces más de la asignación que correspondía, por un total de más de medio billón de pesos ($665.377.015.937,85).

La CGR inició una indagación preliminar para determinar las circunstancias de tiempo y modo en que se efectuaron los pagos indebidos y evitar un detrimento patrimonial. Fue así como se hizo un seguimiento detallado a los recursos que iban retornando a las arcas del Estado, bien por reversos bancarios, consignaciones voluntarias y débitos de nóminas, entre otros.

Se encontró que fueron devueltos al Tesoro Público un total de $663.755.200.394, quedando un saldo de $1.624.181.986,4 por recuperar, que incluye el Gravamen de Movimientos Financieros cobrado por la única entidad bancaria que lo aplicó.

El Ministerio de Hacienda argumenta que una parte de ese saldo pendiente es de difícil cobro porque varios funcionarios del Ejército Nacional y otras entidades se encuentran en situación de retirados, inactivos, fallecidos y embargados.

Causas 

• Errores en las nóminas presentadas por la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva y el Comando General del Ejército.

• Error del sistema.

• Inobservancia de las alertas generadas por el sistema. 

Vinculados

• Ricardo Bonilla González, en calidad de Ministro de Hacienda y Crédito Público.

• Diego Alejandro Guevara Castañeda, viceministro del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

• Julio Ernesto Ochoa Hernández, Asesor Grado 16 del Despacho del Viceministro Pagador SIIF Nación.

• Laura Ximena Duarte Rodríguez, en calidad de Profesional Universitaria Grado 11 del Grupo de Pagos y Cumplimiento de la Subdirección de Operaciones de la Dirección General de Crédito Público

• Jorge Alberto Calderón Cárdenas, quien obró como Subdirector de Operaciones de la Dirección General de Crédito Público.

• David Fernando Morales Domínguez, quien obraba como asesor del despacho del viceministro y Administrador del SIIF Nación.

• Wilson Alejandro Rojas Sandino, quien fungió como asesor de la Administración del SIIF Nación del Viceministerio General y soporte funcional al Tesoro en Proceso de Pagos.

Hallazgo fiscal

De manera complementaria, la CGR adelantó una auditoría financiera al Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre la vigencia de 2023, en la que se evidencia que el Estado dejó de percibir un valor calculado de $1.643.727.124 por los intereses que el Banco de la República liquida diariamente, sobre el saldo de la cuenta del Tesoro Nacional, como consecuencia de los pagos en exceso de nómina por más de $665 mil millones ocurridos el 24 de noviembre de 2023. En consecuencia, este hecho fue calificado con incidencias fiscales y disciplinarias.

La auditoría se adelantó por la Contraloría Delegada de Gestión Pública e Instituciones Financieras, en el marco del Plan Nacional de Vigilancia y Control Fiscal.