El gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Roberto Vélez, aseguró que los cultivadores del grano se ven gravemente afectados por la reforma tributaria que se tramita en el Congreso y pidió al Gobierno nacional no imponer nuevas obligaciones mientras no se garantice infraestructura y servicios suficientes, en todos los municipios, tales como vías de acceso, conectividad, servicios financieros.
 
El dirigente dijo que sector cafetero pide revisar temas que tienen que ver con el costo de la mano de obra,  el impuesto a las bebidas ultra procesadas dentro de las cuales están incluidas las de café, y explicó que tanto el café soluble como el extracto de café son productos de un solo ingrediente, por lo que se consideran alimentos mínimamente procesados.
 
Igualmente Vélez pidió al Gobierno tener una mirada diferencial al sector rural y aclara que es es importante que lo exima de algunas obligaciones como la facturación electrónica, tomando en cuenta no solo la baja cobertura digital en amplias zonas rurales, sino las bajas tasas de formación en el manejo de tecnologías de la información y las comunicaciones entre los productores.
 
El gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, sostuvo que “hoy el café es la oportunidad que tiene el país para construir escenarios de paz, sustituyendo la ilegalidad a lo largo y ancho del país, por medio de una actividad que ha generado siempre orgullo y reconocimiento mundial a Colombia”.
 
También piden que los apoyos e incentivos como ingresos no sean constitutivos de renta con el fin de proteger e impulsar el sector rural.
 
Vélez, aseguró que, si bien hoy los programas tienen como propósito favorecer al sector rural mediante el desembolso de recursos, en la medida en que hoy no existe una disposición en el Estatuto Tributario que otorgue a tales beneficios el carácter de no gravado (excluyendo el caso de AIS), los beneficiarios de dichos programas han debido tributar sobre tales sumas, lo que en consecuencia reduce el margen neto recibido.

Esta situación resulta aún más compleja si se toma en cuenta que, cuando dichos recursos son desembolsados a través del sistema financiero, también ya están sometidos al gravamen a los movimientos financieros (4×1000), lo que en consecuencia reduce aún más el beneficio neto para el agricultor.

El Comité consideró indispensable para el sector la expedición de una regulación que aclare que las sumas entregadas como apoyos o incentivos para proteger el ingreso de los agricultores, incluyendo los que busquen proteger el precio de venta de la materia prima, no estén gravadas con el impuesto de renta y complementarios.