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Solo uno de cada cuatro mayores de 60 años tiene pensión: expertos urgen un acuerdo nacional sobre el sistema

La informalidad laboral, el envejecimiento de la población y el creciente costo fiscal de las pensiones ponen a prueba el futuro de la protección social en Colombia.
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La sostenibilidad pensional no depende sólo de reformas legales.
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19 Nov 2026 - 6:13 COT por Alfonso Aya Roa

Apenas uno de cada cuatro colombianos mayores de 60 años cuenta con una pensión, según cifras del Ministerio del Trabajo presentadas en un seminario que reunió a especialistas, académicos, representantes de los trabajadores y expertos jurídicos para analizar los retos estructurales de la seguridad social en el país.

En el encuentro, Pensiones en Colombia: protección social, riesgo fiscal y los nuevos rumbos de la reforma, organizado por el Centro de Pensamiento en Seguridad Social, CEPESS, iniciativa conjunta de la Corporación para el Desarrollo de la Seguridad Social, CODESS, y la Universidad Externado de Colombia se analizó la difícil situación de muchos adultos mayores en el país.

Las cifras del déficit

Aunque Colombia registra cerca de 27 millones de afiliados al sistema pensional, únicamente 12 millones realizan cotizaciones efectivas. A ello se suma una informalidad laboral del 54,8% a nivel nacional, que se dispara al 83,1% en las zonas rurales.

Para el director general de CODESS, Roberto Sierra Manotas, el debate debe trascender las discusiones normativas y centrarse en tres desafíos: ampliar la protección económica durante la vejez, garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y adaptar el sistema a las transformaciones demográficas y laborales.

Uno de los principales llamados atención de vino del frente financiero. El expresidente de Colpensiones, exviceministro de Empleo y Pensiones y actual vicerrector de la Universidad de los Andes, Mauricio Olivera, sostuvo que, aunque el modelo de pilares corrige algunas desigualdades, persisten interrogantes sobre su sostenibilidad.

Citando estimaciones del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, CARF, advirtió que el valor presente de la deuda pensional podría pasar del 100 % al 168 % del PIB hacia el año 2100.

Olivera también señaló la distribución desigual de los subsidios estatales: mientras una persona que cotiza sobre un salario mínimo puede recibir un subsidio aproximado de $120 millones, en los niveles más altos de cotización el beneficio puede llegar a $950 millones. El nuevo esquema reduce los subsidios a las pensiones más elevadas, pero insistió en la necesidad de evaluar sus consecuencias fiscales de largo plazo.

Informalidad y caída de la natalidad.

La sostenibilidad pensional no depende sólo de reformas legales. Durante el seminario se advirtió que cerca de la mitad de los trabajadores colombianos percibe ingresos inferiores al salario mínimo, lo que dificulta su vinculación al sistema contributivo.

A ese panorama se suma la caída de la natalidad: en Bogotá la tasa de fecundidad bajó a 0,9 hijos por mujer, muy por debajo del nivel de reemplazo de 2,1. En las próximas décadas habrá proporcionalmente menos trabajadores jóvenes para financiar las pensiones de una población más longeva.

Desde la CUT, Audy Ruiz, directora del Departamento de Seguridad Social, insistió en que ninguna reforma será suficiente sin políticas de formalización, estabilidad contractual y trabajo decente.

Modernización, incertidumbre jurídica y evasión

La integrante de la junta directiva de Colpensiones, Diana Margarita Ojeda, señaló que la implementación exige una profunda modernización tecnológica y administrativa por el volumen de afiliados que deberán atender el régimen público. La abogada laboralista Diana Milena Bolívar advirtió, a su vez, que los constantes cambios normativos y las controversias jurídicas generan desconfianza, especialmente entre los jóvenes.

Jorge Mario Campillo, director de Parafiscales de la UGPP, explicó que el cruce de información y la fiscalización redujeron la evasión de forma significativa, aunque esto sigue costando entre $8 y $9 billones anuales al sistema de protección social.

El Pacto de Toledo como modelo

Entre las propuestas sobresalió la construcción de un acuerdo nacional sobre pensiones inspirado en el Pacto de Toledo de España, que reúne a empresarios, trabajadores, partidos, academia y Estado en una hoja de ruta con reglas estables más allá de los cambios de gobierno. También se planteó estudiar ajustes graduales según la evolución de la esperanza de vida y la natalidad.

En las conclusiones, John Marulanda, asesor de investigaciones de CODESS y CEPESS, sostuvo que la protección social y la sostenibilidad fiscal no son objetivos contrapuestos, sino condiciones complementarias. El mensaje central del seminario: Colombia necesita pasar de las reformas normativas a soluciones efectivas que amplíen la cobertura y aseguren la protección económica de las próximas generaciones.

Desde la CUT, Audy Ruiz, director del Departamento de Seguridad Social, insistió en que ninguna reforma será suficiente sin políticas de formalización, estabilidad contractual y trabajo decente.