La Superintendencia de Industria y Comercio dando cumplimiento a su rol como autoridad nacional de protección a los usuarios de servicios de comunicaciones, impuso una sanción por la suma $285.000.000 a la empresa Claro (comunicación celular S.A. Comcel S.A.).

Lo anterior, teniendo en cuenta que de forma inicial la compañía accedió a los requerimientos de sus usuarios pero posteriormente, fueron desconocidos y "no materializó ni cumplió lo decidido en favor de esos usuarios; desconociendo el derecho que le asiste a los usuarios de que sus peticiones, quejas y reclamos -PQR- sean atendidos y resueltos de manera definitiva".

Con base a ello, y después de que la SIC analizara que las denuncias presentadas habrían obtenido respuestas favorables a las solicitudes por parte de la empresa Claro y que seguidamente, fueron desconocidas por el prestador del servicio, se evidencia un "detrimento de la confianza de esos usuarios en que sus PQRs realmente fueran solucionadas".

Ante dicho escenario, la Delegatura para la Protección del Consumidor en su investigación, comprobó que "el operador sancionado incurrió en la omisión al deber de atender de manera efectiva y definitiva las inconformidades planteadas, ya que no materializó de manera integral ni oportuna las decisiones emitidas a favor de los usuarios", razón por la que se procede a la sanción.

Es de anotar que, respecto a la decisión proceden los recursos de reposición y apelación.