La Contraloría General de la República, a través de la Contraloría delegada para el posconflicto de la mano de la Contraloría para la Inclusión social realizaron una actuación especial a la Unidad de Atención y Reparación a las Víctimas, detectando nueve hallazgos administrativos.

Inicialmente, la Contraloría advirtió que existe un inadecuado control de pagos realizados por operadores bancarios a beneficiarios fallecidos y posteriormente se realizaron los actos administrativos conducentes al reconocimiento de estos, lo que se denomina un hecho cumplido.

Así mismo, el informe expone que se encontraron graves falencias en los procesos de verificación de identidades de los beneficiarios. "Lo que causa discrepancias entre los nombres y números de cédula de los beneficiarios  de los giros, con los datos de las víctimas".

Ante este escenario, el Contralor Delegado para el Posconflicto, Juan Carlos Gualdrón, señaló que "se encontró un deficiente manejo en las bases de datos de la @UnidadVictimas en las que se soportan los giros que se le hacen a las personas del Registro Único de Víctimas".