Dehiby Villamizar, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de Notariado y Registro, Sintranore, indicó en entrevista con Econoticias que son tres los motivos que generaron el paro que se inició el pasado 28 de octubre y señaló al Gobierno Nacional como "el responsable de esta protesta" 

El líder sindical expresó que "lo primero es retornar la prestación del servicio público registral a las oficinas de registro, es decir, que se expida el certificado de tradición y libertad y consultas de índice en estas y que se retorne la radicación de documentos a los funcionarios de la oficina de registro y no a las notarías, como pretenden y lo están haciendo a través de un aplicativo".

Agregó que los trabajadores también piden el nombramiento para las vacantes. "Pero tiene que darse en las oficinas de registro que es donde está la necesidad más grande. Es necesario acelerar la ampliación de la planta, que realmente se determine la necesidad de personal y se realicen esos contratos que son misionales como los de línea de producción”.

El presidente Sintranore indicó que "se deben brindar condiciones adecuadas de infraestructura y laborales. Hay oficinas que no tienen agua potable desde hace tres meses, que no tienen aire acondicionado, así mismo hay otras con goteras y grietas donde se está trabajando en condiciones deplorables".

Villamizar dijo que estas situaciones no son nuevas. "Es algo que viene de mucho atrás y que se está agravando. Las oficinas de registro están en un nivel crítico en el que no habían estado antes, con un nivel de atraso en el registro de documentos, falta de recursos y la mala prestación del servicio a la comunidad, a las constructoras y a los bancos”.

Finalmente, indico que desde el año 2017 "se viene presentando una tercerización de las funciones que se cumplen en las oficinas de registro. En 2016 cerró la expedición de certificados de libertad y tradición en las oficinas y las transfirió a unas plataformas privadas; es decir que unos privados están haciendo dinero acosta de los usuarios mediante un servicio público que lo debe garantizar el Estado. Ese documento les sale por un valor de 13 mil pesos y al ciudadano se lo venden a 22 mil pesos", concluyó.