Permitir que cada vez más ciudadanos puedan tener productos y servicios del sistema financiero formal, como cuentas de ahorro, créditos o inversiones, para contribuir a impulsar el desarrollo de la economía nacional, es uno de los mayores objetivos trazados por el gobierno colombiano para los próximos años.

Por esa razón, la Superintendencia Financiera de Colombia, SFC, publicó un documento sobre “Expectativas del Supervisor sobre atención y trato justo de segmentos poblacionales especiales”, el cual contiene aspectos relacionados con la negativa a prestar servicios u ofrecer productos financieros a algunas personas sin que existan causales objetivas y razonables para tomar esa decisión. 

El documento incluye también consideraciones particulares sobre cuatro grupos poblacionales especiales: Firmantes de paz, Víctimas del conflicto armado, Población migrante venezolana y Ciudadanos que realizan actividades en sectores tradicionalmente excluidos como es el caso de la minería .

Además de facilitar a un amplio número de personas beneficiarse de la inclusión financiera, se busca que las entidades vigiladas por la Superfinanciera garanticen un trato justo a todos los consumidores, independientemente de sus condiciones sociales, económicas y/o políticas o su país de origen.

Para garantizar un acceso equitativo a productos y servicios financieros, la SFC incluyó desde 2023 en su sistema de atención de quejas una nueva categoría denominada “negación a la apertura de productos por condiciones de segmentos particulares de la población”. 

Cabe señalar que el documento divulgado por la SFC no reemplaza la normativa existente y que las entidades del sistema financiero no pueden negar el acceso a un producto o servicio de ahorro o crédito si no existen razones objetivas que fundamentan esa decisión.

Con relación a la población migrante venezolana, el documento enumera las cartas informativas en las que la Superfinanciera les recuerda a las entidades vigiladas cuáles son los documentos de identificación válidos para su vinculación al sistema financiero colombiano, aplicando las instrucciones impartidas por las autoridades competentes. 

El documento también hace referencia específica a las personas firmantes de paz o reincorporadas, reiterando que su condición no puede ser considerada por sí sola como una causal para negar la vinculación como clientes o la prestación de un servicio financiero. Además, reitera que las entidades vigiladas deben consultar previamente las listas internacionales vinculantes y restrictivas para Colombia y cumplir las obligaciones derivadas de estas.

Por otro lado, dado que la inclusión financiera del sector minero tiene un interés creciente para el Gobierno Nacional y producto de un trabajo interinstitucional que sirvió de base para el diseño de política pública y de acciones focalizadas, se busca promover el uso de productos y servicios financieros que impacten positivamente a esta actividad productiva.

El cuarto grupo poblacional especial lo conforman las víctimas del conflicto armado, frente a quienes el documento recuerda, entre otros aspectos, que los establecimientos de crédito deben disponer de mecanismos ágiles de atención para tramitar y resolver las inquietudes, consultas y solicitudes sobre las medidas crediticias previstas para estos ciudadanos.