La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, expresó su preocupación por los impactos negativos que la aprobación de la reforma a la salud podría generar sobre el sistema de salud y, en consecuencia, sobre la protección del derecho fundamental. 

La propuesta gubernamental no resuelve los retos actuales del sistema y profundiza la crisis financiera cuya desatención actual amenaza la salud de los colombianos. 

Vale la pena reiterar y recordar que el Auto 007 de 2025 de la Corte Constitucional declaró el incumplimiento general frente a la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación, UPC,  y ordenó su revisión y reajuste para los años 2021 al 2024, sumado a la implementación de una nueva metodología de cálculo para el 2025 que, en adelante, garantice su suficiencia. 

La Corte evidenció las deficiencias fundamentales en el cálculo de la UPC y el impacto que estas generan en el financiamiento del Plan de Beneficios en Salud, PBS, y subrayó la urgencia de contar con mecanismos transparentes y efectivos para garantizar que los recursos asignados reflejen las necesidades reales de la población. 

En este contexto, en primer lugar, es contrario al mandato constitucional de protección del derecho fundamental una sustitución total del sistema de salud sin antes equilibrar financiera y operativamente el mismo. 

En segundo lugar, la reforma propuesta no enfrenta de manera adecuada los problemas estructurales de financiamiento del sistema de salud. Además, una reforma que amplía obligaciones a cargo del Estado sin garantizar fuentes claras solo profundizará el desbalance económico del sector. 

Finalmente, el análisis gremial sobre el impacto fiscal de la reforma evidencia que su implementación generará una carga insostenible para las finanzas públicas.

A finales del año pasado se publicó un estudio técnico que demuestra que la reforma a la salud no es sostenible con la realidad fiscal del país. Los cálculos de la ANDI arrojan un déficit de $141.4 billones en los próximos 10 años, mientras que los cálculos del Ministerio arrojaban un superávit de $21.8 billones. Es decir, una diferencia de $163 billones.

La diferencia más grande en los cálculos se encuentra en la senda de gasto de los servicios de mediana y alta complejidad. El Gobierno asume un supuesto poco realista en este terreno. Considera que las mejoras en atención primaria modifican casi que inmediatamente la senda de gasto de los servicios de mediana y alta complejidad. 

Ese supuesto no es coherente ni con el envejecimiento de la población, ni con el cambio tecnológico, ni con la realidad de crecimiento de la UPC de los últimos 15 años.  No es un supuesto realista. 

La ANDI, reiteró su compromiso con un sistema de salud que garantice calidad, acceso y sostenibilidad para todos los colombianos. Por ello, instó al Gobierno y al Congreso a considerar alternativas que realmente fortalezcan el sistema sin comprometer su estabilidad ni la responsabilidad fiscal del país.