La historia de Chiquita Brands en América Latina está marcada tanto por su impacto económico como por controversias significativas. En Colombia, un país estratégico para su producción de banano, la empresa ha sido un actor clave en la dinámica rural y en las exportaciones. Como una de las empresas bananeras que históricamente ha operado en zonas afectadas por el conflicto armado, la trayectoria de Chiquita Brands no ha estado exenta de desafíos, como las acusaciones sobre supuestos vínculos financieros con grupos armados ilegales a través de su filial Banadex.

Según el testimonio de un exlíder de autodefensas en Urabá, las complicadas condiciones en la región entre la década de 1990 e inicios del 2000 forzaron a las empresas bananeras a realizar contribuciones financieras no voluntarias a diversos grupos armados, como una estrategia para proteger tanto sus operaciones como a sus empleados. Asimismo, Chiquita Brands habría efectuado dichos pagos con el objetivo de mitigar riesgos y asegurar la seguridad de su personal, al mismo tiempo que apoyaría a las comunidades locales que dependen económicamente del sector bananero.

No obstante, a medida que evolucionaba el caso, la situación de la bananera se veía comprometida. En especial a partir de los testimonios considerados inconsistentes de un excomandante del Bloque Bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Este individuo, condenado a 18 años de prisión por su rol en la masacre de San José de Apartadó, se ha convertido en una figura clave para entender la dinámica de la paraeconomía en Urabá. Sus declaraciones llegaron a implicar a cerca de 4,000 empresarios por presunto financiamiento indirecto a las AUC.

El mismo excomandante del Bloque Bananero de las AUC también compartió información sobre la financiación de operaciones paramilitares, explicando que los fondos se recaudaban a través de un pequeño cargo por cada caja de banano producida. Estos ingresos, que incluían aportes de otros sectores como el ganadero, se gestionaban en Medellín debido al clima de inseguridad prevalente en Urabá.

Como consecuencia, en junio de este año, un tribunal de Estados Unidos ordenó a Chiquita Brands pagar 38 millones de dólares por su presunta vinculación con eventos violentos en Urabá, ocurridos entre 1997 y 2004, un periodo caracterizado por la intensa actividad paramilitar que complicó las operaciones comerciales en la región.

Compromiso de Chiquita Brands con la legalidad y procesos judiciales

En 2007, Chiquita Brands alcanzó un acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, aceptando pagar una multa de 25 millones de dólares. La empresa justificó estos pagos realizados a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), catalogadas como organización prohibida, argumentando que se efectuaron bajo coacción y con el fin de salvaguardar la seguridad de sus empleados en un entorno hostil. Este caso dio lugar a diversas demandas civiles en tribunales estadounidenses, donde se debatieron las implicaciones legales de estas acciones.

A lo largo de los años, el caso ha atravesado múltiples etapas judiciales. Un fallo en 2014 de una corte estadounidense rechazó las demandas relacionadas con derechos humanos, al considerar que las actividades en Colombia no tenían un vínculo suficiente con las operaciones de la compañía en territorio estadounidense. Para Chiquita Brands, este fallo reflejaba la complejidad del contexto y las decisiones difíciles tomadas en circunstancias de riesgo.

Posteriormente, en 2016, un juez de Florida autorizó que el juicio continuara en Estados Unidos, lo que obligó a la empresa a presentar un volumen considerable de documentación interna. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 en 2020 retrasó significativamente el avance del caso.

En los últimos años, Chiquita Brands ha enfrentado resoluciones judiciales y acuerdos importantes. Entre ellos, un arreglo por 12,8 millones de dólares con víctimas representadas por un abogado estadounidense, y una sentencia de una corte federal en Florida que impuso una indemnización de 38,3 millones de dólares. Esta última decisión, que se basó en el conocimiento de riesgos asociados a ciertas interacciones, está a la espera de una resolución definitiva.

Discrepancias en testimonios y contexto de las investigaciones

Aún frente a estos desenlaces, los puntos claves a estudiar actualmente dentro del caso de Chiquita Brands se encuentran en factores externos a la bananera. El caso también ha estado rodeado de controversias en torno a la fiabilidad de algunos testimonios obtenidos de antiguos integrantes y cabecillas de las AUC.

Según una nota publicada por el periódico colombiano El Tiempo en octubre de 2024, los registros judiciales indican que algunos testigos habrían recibido pagos por parte de los abogados que representan a las víctimas. Aunque dichas transacciones fueron presentadas como "ayudas humanitarias", Chiquita Brands y otra multinacional destacada en un caso similar, Drummond, afirman que en realidad se trata de sobornos con el propósito de influir en las declaraciones de los líderes paramilitares y, en consecuencia, en el desenlace de los juicios. Las pruebas presentadas incluyen fotografías, correos electrónicos y registros financieros que relacionan transferencias de dinero con testimonios de exintegrantes de las AUC. Inicialmente, varios de los exparticipantes de las AUC negaron cualquier contacto con la compañía, pero luego ajustaron sus relatos para sugerir vínculos. Años después, uno de estos líderes se retractó, indicando que sus declaraciones podrían haber sido influenciadas por presiones externas.

Estas inconsistencias resaltan los desafíos para esclarecer la verdad en un contexto de violencia y alta inseguridad. Chiquita Brands ha mantenido que sus decisiones fueron tomadas bajo coacción y priorizando la protección de sus empleados, así como la continuidad de sus operaciones en un ambiente adverso.