“Alcanos no tiene relación directa con los usuarios desde el vencimiento de un contrato en noviembre”: Erles Espinosa
La interrupción en el suministro de gas en cuatro municipios ha desatado una ola de preocupación entre los usuarios, quienes ahora enfrentan la incertidumbre de un servicio esencial. Según informó Alcanos de Colombia, la distribuidora Servingas no realizó las gestiones necesarias para garantizar la continuidad del suministro de gas en el nuevo año, que inició el 1 de diciembre.
El problema radica en que Servingas no utilizó las facultades reguladoras otorgadas por el Ministerio de Minas y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) para asegurar la demanda esencial de los usuarios. Esto implicaba gestionar contratos de suministro en el mercado primario o secundario antes del vencimiento del acuerdo anterior, que terminó el 30 de noviembre.
¿Qué está pasando?
Durante años, Alcanos de Colombia proporcionó gas a Servingas mediante un proceso de nominación contractual, pero este acuerdo caducó al finalizar el último año gas. Según Alcanos, no tienen relación directa con los usuarios, ya que Servingas es la empresa responsable de la distribución en estos municipios.
"Servingas no hizo su debida diligencia para garantizar el suministro de gas en los tiempos establecidos. Es lamentable informar que esta situación ha dejado a los usuarios sin servicio, y toda solución debe provenir directamente de Servingas", señaló Erles Espinosa, gerente general de Alcanos de Colombia.
El directivo manifestó que Alcanos ha iniciado acciones legales contra Servingas debido a una deuda considerable acumulada durante los meses anteriores, sumando otra capa de conflicto a esta crisis. Sin embargo, enfatizó que la responsabilidad del suministro recae completamente en Servingas, que está regulada para atender la demanda de los usuarios.
Igualmente fue claro en que los afectados deben dirigir sus quejas y reclamos directamente a Servingas, ya que es la entidad encargada del servicio en la región. Además, se espera que las autoridades regulatorias y el Ministerio de Minas intervengan para garantizar una solución inmediata y evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.
Por ahora la incertidumbre crece mientras millas de familias esperan respuestas concretas. Este caso pone en evidencia las fallas en la gestión de empresas encargadas de servicios públicos esenciales y la necesidad de mayor supervisión para proteger a los ciudadanos.
