El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo anunció que renegociará las cláusulas referentes a arbitramentos contenidas en los acuerdos y tratados firmados por Colombia.

El propósito del Gobierno, anunciado en días pasados por el presidente Gustavo Petro Urrego, es lograr los equilibrios justos entre el Estado y las multinacionales, pues en acuerdos y tratados firmados por el país hay cláusulas que generan desequilibrios jurídicos.

“El ajuste planteado se limita únicamente al alcance de las cláusulas de arbitraje internacional”, aclaró el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Carlos Reyes.

Al aclarar que se trata de una renegociación que versará puntualmente sobre cláusulas de arbitramento contenidas en los acuerdos internacionales del país, el ministro reiteró que no sólo Colombia ha sido objeto de fallos adversos.

Varios países desarrollados y en desarrollo han sido condenados por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, lo cual ha llevado a cuestionamientos en el orden internacional, originados por la ambigüedad de esas cláusulas y la incertidumbre que genera su interpretación, la cual queda en manos de los tribunales de inversión del CIADI.

Otra crítica recurrente tiene que ver con que los inversionistas extranjeros pueden demandar directamente al Estado receptor de la inversión, sin necesidad de agotar instancias internas, deslegitimando la labor jurisdiccional de cortes locales.

Esto es justamente lo que ocurrió en el reciente caso del litigio con la compañía española Telefónica, pues el CIADI desconoció que, en 2017, el país había ganado un arbitraje a Telefónica por ese mismo caso ante la Cámara de Comercio de Bogotá.

También desconoció que cualquier litigio sobre el contrato de concesión otorgado a Telefónica en 1994 se debe dirimir ante un solo tribunal, negando la soberanía judicial que tiene Colombia, lo cual riñe con la autodeterminación de los estados.

El sistema judicial colombiano es independiente y está en capacidad de decidir sobre los asuntos que se ponen a su consideración. Por lo tanto, las controversias deben ser dirimidas por los tribunales colombianos.

Por esto, y por las múltiples críticas que han surgido en varios países, es que en foros como la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, UNCITRAL, y en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, se discute sobre la necesidad de una reforma a este sistema de solución de controversias.

Es por eso que se hace necesario que países como Colombia exploren nuevas fórmulas en las que se defina el juez competente para dirimir este tipo de controversias, entre las cuales no se descarta que dichas controversias sean resueltas por los tribunales nacionales.

Es importante destacar que una de las apuestas del Gobierno del Cambio es atraer inversión extranjera directa para alcanzar el desarrollo sostenible y la transición energética.

En el primer semestre del año llegaron al país US$6.720 millones, de los cuales el 34 % llegaron a los sectores de minas y petróleo. Un año atrás esa participación era del 48 %, es decir, una reducción de 14 puntos porcentuales.

“En materia de inversión, los esfuerzos del Gobierno Nacional están enfocados en promover una transición hacia una economía más sostenible y menos dependiente de los hidrocarburos. Buscamos, además, una inversión que permita incluir a las pequeñas y medianas empresas en las cadenas globales y regionales de suministro y que promueva la capacidad humana y tecnológica”, puntualizó el ministro Reyes.

La diversificación en la inversión es un paso muy positivo hacia la construcción de una economía más equilibrada y resiliente, menos vulnerable a las fluctuaciones de los mercados internacionales de commodities y más enfocada en el desarrollo sostenible.