Colombia corre con el PGN presentado por el gobierno para 2025 el mismo que riesgo que en 2024, tener que hacer recortes en el futuro, señaló el Consejo Gremial.

En comunicación dirigida a los parlamentarios de las comisiones económicas de Senado y Cámara la cúpula de los gremios en el país dijo que los programas anti-evasión, de gestión y eficiencias de la DIAN sin duda tendrán réditos en el mediano y largo plazo, cuando la aceleración del crecimiento, los programas de formalización de la economía y la inversión en la DIAN contribuyan. 

Sin embargo, esperar más de $25 billones adicionales por estos rubros de un año a otro, cuando parte del presupuesto de la DIAN ha sido recortado por los ajustes necesarios para cumplir con las metas fiscales de este año genera riesgos importantes en el proyecto de presupuesto presentado.

Otro aspecto por considerar es que el Proyecto de Ley de Presupuesto 2025, no solo contempla un incremento importante del gasto proyectado frente al presupuesto ajustado, sino que desconoce que la ejecución presupuestal del Gobierno ha sido baja. 

Es decir, se ejecuta menos de lo presupuestado, y, sin embargo, existe una gran presión para aprobar montos más elevados para 2025, que incluyen además una nueva reforma tributaria.

Si el gobierno no ejecuta el 100% del presupuesto se esperaría que no fuese necesaria una ley de financiamiento o reforma tributaria. Antes de considerar cualquier aumento en la carga tributaria o de un incremento en el PGN, es imperativo realizar una evaluación exhaustiva del desempeño de las entidades gubernamentales y priorizar la ejecución de los programas existentes. La baja ejecución, especialmente en inversión, retrasa la implementación de programas y sectores estratégicos del plan de gobierno, en un entorno de desaceleración económica en donde el gasto público debe mostrar su mayor efectividad.

Implicaciones de su aprobación

⦁ Los ingresos del Gobierno no aumentan al mismo ritmo de los gastos: Frente al aumento de los gastos presentados en el proyecto, se identifican riesgos frente a la expectativa del Gobierno en el aumento de sus ingresos. En primer lugar, el presupuesto supone la aprobación de un proyecto de ley de financiamiento de $12 billones por parte del Congreso. En segundo lugar, la expectativa del Gobierno en el recaudo esperado por gestión de la DIAN puede estar sobreestimada. Cálculos del CARF estiman que estos recursos pueden ser cerca de $6 billones, muy inferiores a los $28, 6 billones que se incluyen en el proyecto de presupuesto.

Por lo tanto, si no se aprueba la Ley de financiamiento ni se recaudan los ingresos proyectados por la DIAN, el gasto primario tendría que recortarse en cerca de $33 billones para 2025. El faltante para cubrir el gasto según cálculos de Fedesarrollo alcanza los $26,6 billones, los cuales deberían recortarse del actual monto de $523 billones.

⦁ El déficit del Gobierno para 2025 puede estar subestimado. En línea con lo que se ha mencionado, si no se hace efectivo el aumento proyectado en los ingresos, el déficit podría ser superior a los $84 billones en 2025. Para mitigar este riesgo, una opción sería revisar los gastos de funcionamiento, que presentan un incremento del 6,2%. 

⦁ El Gobierno nacional completaría seis años con altos déficits fiscales, por encima del 4,3% del PIB. Los capitales externos verán menos atractivo al país, presionando la depreciación de la moneda, generando presiones sobre la inflación.

⦁ Permanentes déficits fiscales van en contravía de la reactivación económica propuesta por el Gobierno. En línea con lo anterior, la tasa de interés podría verse  afectada  en  la  dinámica  decreciente  que  actualmente se viene dando, afectando la inversión, el empleo y el crecimiento económico del país.

⦁ La deuda neta del Gobierno Nacional Central, proyectada en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2024, y que sería consistente con la regla fiscal se ubicaría en el ancla (55%) para 2025, sin embargo, la incertidumbre frente a la realidad de los ingresos y la sobreestimación de los gastos presupuestados genera dudas frente al cumplimiento de la regla fiscal. Los beneficios de tener una Regla Fiscal se enmarcan en la credibilidad de que efectivamente se cumpla.

⦁ Consistencia entre la meta de la regla fiscal, el proyecto de Ley del Presupuesto y las modificaciones propuestas en la Ley de Financiamiento.

Es importante mencionar que conforme a lo establecido por la Ley 2155 de 2021 que modifica la Ley 1473 de 2011, la meta de la regla fiscal sobre el Balance Primario Neto Estructural, BPNE, es variable de acuerdo con los niveles del límite (71% del PIB) y el ancla de la deuda (55% del PIB); y que para el período 2022-2025, la regla fiscal incorpora un período de transición derivado de la pandemia Covid-19. 

⦁ Al presentar el Proyecto de Ley de Presupuesto 2025, el Gobierno Nacional logra aumentar el gasto en cerca de $5 billones como resultado de adelantar un año el final del proceso de transición que se contemplaba hasta 2025. Esto es inconveniente, debido a que al no completar la transición el Gobierno genera mayor deuda, al tiempo que amplía su nivel de gasto. 

⦁ La regla fiscal verde amplia el gasto público en cerca de $5 billones sin que eso se contabilice en el balance primario neto estructural, que es la variable objetivo de la regla fiscal. Esto genera inconvenientes como:

⦁ Aumento en el gasto sin recursos permanentes que lo financien, lo que genera mayor déficit fiscal. Aunque se plantea un financiamiento con deuda “verde” que tendría un menor costo que la deuda tradicional, en la práctica la diferencia de la tasa de los bonos normales y los bonos verdes no ha sido de gran magnitud. Por otro lado, sí genera un aumento en la tasa de interés agregada porque los mercados reaccionan frente al aumento total de la deuda.

⦁ Interrumpe el proceso de consolidación de las finanzas públicas en la medida que se produce un déficit permanente de 0,3% del PIB por los próximos cinco años y luego de 0,15% del PIB en los siguientes 5 años, en contravía de promover la reducción en el déficit.

⦁ Genera incentivos para que siempre haya un argumento legítimo de incluir otros tipos de gasto no estructural como el gasto social o algún otro tipo de gasto, permeando el objetivo de la regla fiscal. El gasto “verde” debería ser financiado con recursos estructurales como el resto del gasto público; y

⦁ El Fondo Monetario Internacional (2024)2 publicó recientemente un estudio que analiza las reglas fiscales verdes. Se concluye que las formas de financiar estos gastos “verdes” debería ser mediante recursos estructurales y la programación de Marcos Fiscales Verdes que estén restringidos por los límites de gasto que imponen las reglas fiscales generales.

⦁ Envía señales contradictorias a los inversionistas. Esta flexibilización podría ser interpretada como un relajamiento en la senda de reducción del déficit y la deuda pública, lo que a su vez podría aumentar los costos de financiación para el gobierno. Lo anterior, genera un escenario de incertidumbre y desconfianza en los mercados, lo que podría afectar negativamente la inversión y el crecimiento económico del país.

⦁ Las previsiones en el Presupuesto General de la Nación desconectan la contabilidad fiscal de la presupuestal en lo que tiene ver con la forma de pago y la contabilización de la Opción tarifaria y el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, considerando que podrían ser pagadas con deuda directamente sin afectación presupuestal, con lo cual la contabilidad presupuestal no reflejaba al Ejecutivo, al Congreso y a los ciudadanos en general la verdadera situación presupuestal.

Conveniencia de una Ley de Financiamiento

El sector productivo considera que no es conveniente presentar una nueva reforma tributaria y mucho menos en las condiciones económicas actuales. La reforma tributaria presentada en 2022 impactó de forma negativa la economía, lo cual se ve reflejado, según los resultados de un modelo de equilibrio general, en una disminución de 0,1 p.p. del PIB, brecha que se incrementa en 2024 y 2025, alcanzando una diferencia hasta de 0,4 pp. Como consecuencia de la reforma de 2022, la tasa de inversión experimentó una disminución entre 2023 y 2025 de entre 1,6 p.p., y 1,9 pp.

El proyecto de ley de financiamiento, tal como está planteado, nos parece inconveniente e inoportuno para impulsar la reactivación económica. Al aumentar la carga tributaria y generar incertidumbre, podría frenar la inversión y el crecimiento, lo que a la larga perjudica a todos los sectores de la economía. Es necesario replantear las medidas de la reforma y buscar alternativas que promuevan un crecimiento económico más sostenible.

Si bien en el proyecto de ley se concibe una reducción gradual de la tarifa corporativa de renta, de acuerdo con el Modelo de Equilibrio General Computable (MEGC) elaborado por la ANDI, el impacto económico agregado del proyecto de ley es negativo. Los resultados evidencian que el crecimiento se reduciría en 0,4 p.p. a 2030, de igual manera la tasa de inversión se reduciría en 1,8 p.p. en el mismo periodo y la tasa de desempleo aumentaría en 0,4 p.p. para el mismo año.

Así mismo, el reciente informe de la OCDE para Colombia señala que el país ha experimentado 21 reformas fiscales entre 1990 y 2022, y que “las reformas frecuentes también han generado incertidumbre e inseguridad jurídica para la inversión privada.” La constante modificación de las reglas del juego tiene un impacto importante en las finanzas públicas, ya que la incertidumbre sobre el sistema tributario desalienta la inversión a largo plazo, un factor clave para el crecimiento económico sostenido y la generación de empleo en el país.

De igual forma, como se mencionó anteriormente, la baja ejecución en lo corrido de 2024 da muestra de que, aun cuando se ejecuta menos de lo presupuestado, existe una presión para aprobar un mayor monto para 2024. Bajo este contexto, previo a la consideración de una nueva reforma tributaria, se debe priorizar la ejecución de los programas existentes y estratégicos con el ánimo de no entorpecer el proceso de recuperación económica en el que actualmente se encuentra el país. 

Por lo anterior, manifestamos que el gobierno debe ajustar sus ambiciones fiscales a la realidad económica del país, garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas es la mejor carta de presentación para atraer inversión y con ello reactivar la economía del país.