Con seis votos contra tres, la Corte Constitucional decidió tumbar la ley de financiamiento, iniciativa clave del  Gobierno de Iván Duque. La decisión se basa en los vicios que se dieron durante el trámite en el Congreso de la Republica.

Lo paradójico de esta determinación, es que la ley se cae pero no tendrá efectos retroactivos sobre el recaudo que ha hecho el Gobierno, la norma se dejará de aplicar a partir del 2020.

Durante el tiempo que dio el alto tribunal, el Gobierno podría tramitar otra iniciativa que resuelva los errores que se cometieron.

En este caso las decisiones que adopte la Presidencia, podría llevar a tumbar o modificar artículos de la ley de financiamiento.

Si el Congreso no aprueba antes del 31 de diciembre otra ley, se comenzaran a aplicar las normas que estaban vigentes antes de la norma que tumbó la Corte.

Según el diario El Tiempo “La mayoría de magistrados aceptó los argumentos de una demanda presentada por dos investigadores de la Universidad Nacional, Daniel Alberto Libreros y David Clemente Retamoso, quienes afirmaban que cuando la Cámara de Representantes votó el texto de la ley, el 19 de diciembre del 2018, no conocía los cambios y modificaciones que le había hecho el Senado la noche anterior, por lo que se violaron principios claves como el de la publicidad, consecutividad y deliberación en la aprobación de leyes”.