El 51% de los empresarios en el país considera que las contribuciones a campañas políticas son una de las formas más comunes de soborno, lo que se suma al bajo porcentaje de las empresas que llevan un registro contable exacto de las contribuciones políticas (8%).

Esto lo refleja la encuesta de soborno realizada a 690 empresarios de Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Ibagué, Medellín, Pereira y Tunja por Transparencia por Colombia y la Universidad Externado.

De igual forma, en el Informe Nacional de Competitividad 2017-2018 (Consejo Privado de Competitividad, 2017) se hace una referencia importante sobre los beneficios políticos que reciben las empresas por la debilidad estatal, se trata de una “economía de captura o una captura regulatoria, en la que los burócratas otorgan ventajas a través de normas o favorecimientos a empresas”.

La entrega de aportes puede direccionar la toma de decisiones por parte de los funcionarios, pues se trata incidir de manera indebida en los procesos administrativos y contractuales garantizando la cooptación estatal. Así que, si bien la participación del sector privado en las campañas políticas es permitida por la ley, puede tornarse ilegal y corrupta cuando los empresarios donan dineros a candidatos a cambio de favorecimientos en la adjudicación de contratos y licitaciones.

“Se debe acabar con la alianza que se crea entre financiadores, candidatos y posteriormente autoridades elegidas, en donde prima el “yo te financio, pero tú me contratas”, indica el informe.

La corrupción en Colombia es un fenómeno estructural y sistémico que está presente en la gestión pública nacional, municipal y departamental.