Según explicó Daniel Gaviria, director de arrendamientos de la inmobiliaria Acrecer, los contratos de vivienda Urbana “están regulados por la Ley 820 de 2003; allí se deja establecido que el incremento máximo que podrá tener el canon de arrendamiento será el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año calendario inmediatamente anterior”.

El cambio le será notificado a través de una carta con los motivos del aumento, la fecha en que se hará efectivo y el porcentaje del incremento. Para este año 2018, el monto es de 4,09 %, de acuerdo con el IPC certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) del año pasado, lo que implica un cambio automático.

La norma es clara en afirmar que, en todo caso, la variación no puede hacer que el precio mensual a pagar sea superior al 1 % del valor comercial del inmueble o de la parte de él que se dé en arriendo.

“La ley es para todos, sin importar si el contrato de arrendamiento se realiza de manera directa o a través de una inmobiliaria”, aclaró Constantino Carvajal, experto en arrendamientos con más de 30 años en el sector.

Es indispensable cumplir con los requerimientos de la norma, so pena de terminar siendo inhabilitados o multados en caso de vulnerar los derechos del arrendatario.

Es por eso que Federico Estrada, gerente de la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia, ha recomendado en varias oportunidades que el negocio se dé con una empresa dedicada a este tema, pues dará garantía de que “la inmobiliaria analizará el inmueble y sugerirá un canon de arrendamiento adecuado que esté dentro de los precios del mercado”, lo que beneficia a ambas partes.

Política de vivienda

El ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, radicó ayer el proyecto de ley de Vivienda y Hábitat, que le da la posibilidad de reglamentar las materias concernientes a los subsidios para el acceso a vivienda y las coberturas de tasas de interés, en estrategias directas de cuota inicial, garantías y seguros, y el “ahorro orientado al acceso a la vivienda y los subsidios para la política de arrendamiento social”. Se dice que los ítems se reglamentarán pero no se avanzó en los montos (ver Informe).