El director de Cortolima, Jorge Enrique Cardoso, realizó una importante intervención en el foro de rendición de cuentas que desarrolló la Gobernación  denominado ‘Tolima por la vía productiva’, en el cual se refirió a la actualización de los Pomca.

“Nosotros en un componente técnico estamos actualizando más de 8 planes de ordenación y cuencas hidrográficas sumamente importantes para los destinos del departamento, en 35 años la Corporación había formulado 6 Pomcas y en 6 años que llevamos al frente de ella hemos desarrollado 8 planes de ordenación y manejo de cuentas, es decir estamos haciendo más de un Pomca por año”.

El director de Cortolima explicó que un Pomca es una herramienta para organizar el territorio en torno a las cuencas y eso permite a través de los esquemas de ordenamiento territorial, tener un referente para reorganizar los municipios.

¿Cuál es el Pomca más avanzado?

Jorge Enrique Cardoso explicó que hay dos Pomca muy importantes para el departamento, el de río Guarinó que fue apoyado por el Gobierno de los Países Bajos y cuenta con elementos de adaptación al cambio climático y gestión del riesgo.

El otro es el del río Gualí, un cuerpo de agua que produce muchos desastres naturales en tiempos de lluvia, este Pomca permitió identificar las cotas de inundación en el margen de la desembocadura del río Magdalena y eso permitió formular los proyectos de mitigación que el municipio de Honda está proponiendo al Gobierno Nacional por más de 350 mil millones de pesos”.

En cuanta a la importancia de la cuenca Saldaña y la cuenca del Coello, el director de Cortolima explicó que en esta última residen más de 600 mil habitantes del departamento por lo que se debe tener garantía de recurso hídrico, sin embargo la del Saldaña le oferta el 49% de recurso hídrico al municipio del Tolima por lo que en Planeación Nacional se tiene un proyecto para empezar a ordenar el Pomca del río Saldaña para entrar a solucionar los problemas de minería, sistemas de riego y asentamientos.

Captación de agua ilegal en el Triángulo del Sur

El director de Cortolima afirmó estar muy preocupado pues hace dos años cuando Incoder se liquidó e hizo la transición a la Agencia de Desarrollo Rural hubo un lapso de no administración en el cual algunos agricultores inescrupulosos se dedicaron a convencer a las comunidades indígenas para alquilar sus predios para cultivar arroz.

Estos cultivos abusan del recurso hídrico que se deja para la estabilidad de los canales por lo que la situación se ha puesto en conocimiento de los organismos de control pues en varios sitios se está captando agua de forma ilegal con motores que se adueñan de un caudal enorme.

¿Qué sucedió con los ‘lapiceritos traviesos’ del POT de Ibagué y la construcción de Las Juanas?

Sobre el tema el director de la Corporación Ambiental comentó que no se puede pronunciar sobre la construcción de Las Juanas por estar inmerso en unos recursos de reposición presentado por los constructores.

“En el año 2016 la Corporación Autónoma en el marco de un proceso sancionatorio de carácter ambiental se emitió un fallo tomando la decisión de declarar responsables en primera instancia a los constructores por adelantar parcelaciones en un área rural del municipio, el decreto 3600 del 2007 señala que en área rural solo se pueden hacer casas campesinas, por eso se adelantó el proceso y los constructores en su debido proceso están entregando pruebas”.

Cardoso señaló además que este tipo de ejemplos se están presentando en otros municipios y generan problemas con la disposición del recurso hídrico, los vertimientos y genera una alteración en el uso del suelo por lo que han venido oficiando a la Curaduría.

“Es preocupante que una de las Curadurías de Ibagué continúe empeñada en dar licencias de construcción cuando se le ha comunicado oficialmente que el uso del suelo no es el adecuado para adelantar actividades de casas campestres. El argumento de la Curaduría es que deben respetar los derechos adquiridos pero nosotros hemos demostrado que en la preservación de los derechos colectivos y la preservación de los recursos ambientales, la Corte Constitucional ha sentenciado que no hay derechos adquiridos”.