Como lo espera el departamento del Tolima nuevamente se cumplió con el indicador de la Ley 617 de 2000 luego del resultado emitido por la Contraloría General de la Nación donde ratificó que la región obtuvo una calificación del 56.1% en este 2018.

“Este es un ejercicio que se da puntualmente gracias a la relación entre los ingresos y el gasto. En lo que tiene que ver con los ingresos, que son las rentas propias sobre los cuales nosotros ejercemos control como departamento, y en el caso del gasto como el funcionamiento”, explicó María del Carmen Muñoz, secretaria de Hacienda del Tolima.

Para la vigencia 2017 la jefe de cartera precisó que la mesada pensional llegó a una cifra cercana a los 60 mil millones de pesos de los 83 mil millones que fue el gasto de funcionamiento.

“Debo decir en ese sentido que nostros fuimos muy juiciosos en el tema de austeridad en el gasto. Indicaría así en un ejemplo es que los departamentos, y como el caso de nostros que estamos en una segunda categoría, puede gastar solo hasta el 60% de cada 100 pesos que nosotros recaudemos de moneda corriente podemos solo gastar 60 y decirle a los tolimense con ello que nos estamos gastando menos del 60”.

Categorías

A lo mencionado anteriormente se debe hacer énfasis en las cifras o valores que representan el indicador para un departamento de la siguiente manera:

Especial: 50%

Primera: 55%

Segunda: 60% (Ubicación del Tolima).

Tercera y cuarta: 70%

María del Carmen Muñoz, fue enfática en decir que estos resultados le han permitido al departamento destinar un mayor número de recursos para inversión.  

Beneficios de cumplir

Mayor inversión social

Endeudamiento autónomo

Cofinanciación por parte de la nación de los proyectos que presente la entidad.

Mejor posicionamiento del departamento frente al resto de departamentos.

Confianza del sector financiero para otorgar crédito.

Consecuencias:

Restricción del apoyo financiero de la nación.

Suscripción de un programa de saneamiento fiscal y financiero.

Sanciones disciplinarias

No prestamos de la nación.

No cofinanciación de proyectos de inversión.

No acceso al crédito de la banca.