De acuerdo al director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Mauricio Fernando Mora, las acciones de registro, control y verificación de la información adelantada por funcionarios del CTI de la Fiscalía en la entidad obedece a conocer cómo se desarrolló el proceso de actualización catastral en unos predios que por sus aspectos en materia de construcción debe tener un valor alto en el impuesto predial, pero la realidad es otra. 

Según lo explicado por Mora, hasta el momento el procedimiento ha sido tranquilo y se le ha entregado por parte del Instituto a la autoridad competente la información correspondiente para realizar las investigaciones necesarias del caso. 

“Se le entregó información precisa de los contratos que se han ejecutado entorno al proceso, de igual manera, sobre las denuncias debo decir que las personas han querido desprestigiar las acciones que hemos adelantando con el proceso de actualización catastral en Ibagué, pro nosotros tenemos la seguridad de que todo se ha venido realizando de acuerdo a la metodología del instituto como marco referente aprobada desde el orden nacional para todo el país”, precisó el director del IGAC.

Aclaró al mismo tiempo que esa metodología no es exclusiva para Ibagué sino para todo el territorio colombiano. 

“Sobre el personal debo decir que todo han venido entregando los soportes e informes respectivos de sus trabajos, los cuales posteriormente fueron reportados al municipio con referencia a los cinco sectores trabajando en Ibagué”.

Metodología 

“Nosotros solo visitamos cinco sectores en realidad, es decir el equivalente a 86.000 predios, los cuales obedecen a la metodología del Instituto el cual consiste en verificar cual es la situación física, jurídica y económica de los mismos; entonces debo decir que algunas personas no permitieron el ingreso del personal, no suministraron información, entonces lo que realmente ocurre es que la información queda como venía hasta el momento, pero se entra a verificar lo que tiene que ver con las zonas físicas y económicas de acuerdo al estudio que nosotros aplicamos”, explicó Mora. 

Sobre si llegaron a todos los predios que tenían priorizados en las cinco zonas, agregó que sí lo hicieron, solo que algunas personas no dejaron ingresar por tal motivo no se procedió hacer el proceso.  

¿Responsabilidad? 

Frente al tema de responsabilidad el director del IGAC sostiene que todo fue ejecutado conforme al convenio que tiene con la Alcaldía de Ibagué número 4808 del 23 de mayo de 2017.  

“Nosotros hicimos lo que nos corresponde con la ejecución de la actualización catastral, el resto, el cobro del predial, depende de la Administración Municipal”.

Con respecto al tema de la disminución en el impuesto predial del hermano del alcalde de Ibagué, el ex senador Mauricio Jaramillo, el director del IGAC puntualizó que se está revisando la situación ya que ellos no buscan un predio particular para subirlo o bajarlo, que las acciones obedecen a un estudio que se hace a las zonas como tal. 

“Muy probamente hay una información que no se alcanzó a incluir, que las personas dueñas del predio no hayan allegado una información que se les solicitó en su momento, debo resaltar que yo me baso en las variables técnicas que nosotros adelantamos, además hay otros lotes que les pasó lo mismo, por eso vamos a entrar a revisar, no tengo con exactitud el número pero vamos a revisar”.   

Investigaciones del CTI

Más de 20 investigadores adscritos al CTI adelantan la diligencia judicial en varios puntos de la ciudad, en razón a las irregularidades en la ejecución del convenio suscrito entre el Municipio y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi número 4808 del 23 de mayo de 2017, cuyo objeto es el de aunar esfuerzos para adelantar la actualización catastral en Ibagué

El operativo se da tras la apertura de investigación por parte de la fiscal 19, Diana Patricia Cárdenas, adscrita a la Unidad de Delitos contra la Administración pública.

Mañana a partir de las 8:30 de la mañana continuará la diligencia por parte de los miembros del CTI, la oficina quedó asegurada, aunque todavía hay personal jurídico del Instituto con la autoridad competente, un reporte se podrá conocer hasta las 10:00 de la noche que culmine dicho proceso o en el transcurso de este miércoles, 7 de febrero. 

Es de resaltar que están revisando contratos, soportes de los contratos y perfiles para las ofertas que ellos envían a la página Trabaje con nosotros del IGAC.

Opiniones del Gremios Económicos del Tolima 

Frente a toda esta nueva polémica ahora que incluye a la Fiscalía General de La Nación, entorno al predial, nuevas voces en Golpes de Opinión, en esta oportunidad los Gremios Económicos del Tolima solicitan que un perito se encargue de esclarecer las acciones del IGAC con respecto al proceso de actualización catastral que hasta la fecha lleva un 51% de ejecución. 

Es así como la directora de la ANDI, María Cristina Lara; Flavio Lugo de la Lonja; Carlos Salamanca, gerente del hotel Dann y ex presidente de Cotelco; Luis Alfredo Huertas, presidente ejecutivo de la CCI y Óscar Germán Díaz, director de Fenalco, cuestionan actualización catastral de Ibagué. 

La primera en dar su opinión de este proceso fue la directora de la ANDI, María Lara, dijo que ellos fueron claros en la reunión de juntas de juntas con los gremios económicos, se estableció entablar una medida de acción popular para suspender el convenio que hay entre el IGAC y la Alcaldía de Ibagué para poder hacer un nuevo avalúo y de esta manera los ciudadanos paguen el valor del año anterior.  

“Nosotros pensamos que se debe revisar las características del estudio, mire, en el año 2009 sucedió algo similar y se dio un incremento en el impuesto predial donde se permitió una gradualidad, contemplado en el artículo 026 diciembre del 2009, el cual tuvo vigencia en el 2010, además por las condiciones que se atraviesan en la ciudad pueden darse para el año entrante, lo cual es muy conveniente y se puede hacer para disminuir el impuesto neto a pagar por el impuesto”.

Sobre la llegada de la industria nueva a la ciudad Lara precisó que se pueden conocer las cifras de acuerdo al reporte del PIB y el mismo DANE a 2016, donde la industria reporta el 9% a la producción del departamento. 

“Del 100% que se produce en el Tolima la industria aporta el 9%, esa es una participación que se ha tenido en producción; con respecto a la industria se ha presentado una disminución peor se ha mantenido en la proyección general”. 

Con respecto a la competitividad, agregó que Ibagué y el Tolima han venido perdiendo terreno y es lo que palabras de Lara llama la atención, ya que es ahí donde los inversionistas revisan dónde invertir sus recursos, entonces analizan qué tan competitividad es la región, qué tal fácil es hacer inversión y cómo son sus tributos.    

Por su parte Flavio Lugo, presidente de la Lonja Tolima, explicó que su posición siempre ha estado enfocada a la mediación y el diálogo, por eso su propuesta dentro de la juntas de juntas de los gremios económicos estuvo direccionada a cuatro puntos, el más importante es saber si existe la necesidad de hacer una revisión del estudio realizado.  

“Lo que me preocupa es que el estudio no tuvo una interventoría adecuada al menos externa que se conozca y si la tuvo que nos lo hagan saber y segundo, dada la premura con que se adelantaron los estudios es factible que se hayan cometido errores”, manifestó Lugo. 

Agregó de igual manera que el IGAC y la Administración Municipal hagan la socialización correspondiente, “no solo con los gremios, sino con todo los sectores de la ciudad”. 

¿Incremento del 100 o 25%?

“Lo que estableció la Ley 44 sigue vigente de que máximo será hasta el 100% de lo que haya pagado la persona en el año inmediatamente anterior; cuando se habla del 25% se está hablando de las tarifas, es decir, cuando entran en vigencias la modificación de tarifas el incremento no podrá ser superior al 25%, por eso la propuesta que nosotros estamos haciendo es buscar una salida de diálogo entre las partes”, precisó el presidente de la Lonja Tolima.

“Nosotros dese ya nos estamos comprometiendo con todo lo que sea necesario para sacar adelanta a la ciudad”.

De igual manera Carlos Salamanca, gerente del hotel Dann, precisó que ellos como empresa no solo la excepción, centró su postura dentro del gremio que los impuestos le ayudan mucho a la ciudad en la generación de empleo. 

“A nosotros nos llegó un incremento del 84.68% cercano a $50 millones más, donde nosotros teníamos presupuestados un incremento solo del 5% que está dentro de lo razonable, pero lo que nos dio fue completamente desproporcionado y automáticamente al generar un gasto así va a resentir a la empresas”.

“Hay que tener mesura en los temas”

Por su parte el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Ibagué, Luis Alfredo Huertas, puntualizó que se debe tener mesura en los temas y se debe buscar con urgencia una salida en materia económica de la ciudad y otra para la misma Alcaldía y el Concejo, ya que en palabras de Huertas se están viendo envueltos en conflictos sociales. 

“En una región donde las cosas no son fáciles y se ha tenido un año complicado precisamente gracias a una reforma tributaria que afectó el bolsillo de la gente, que afectó a las empresa y disminuyó el consumo, hablar de impuestos y más desgraciadamente, en este momento electoral, donde se utilizan también unos cometarios desde el punto de vista político es complicado, nosotros hemos querido plantear desde el punto de vista técnico el impacto que genera en la economía de la región, con el comité de gremios decidimos unir nuestros abogados para buscarle salida, el alcalde propone elevar esto al presidente de la República, los concejales dicen que son ellos quienes deben elevar la petición, pero la verdad es que eso no da garantías, por eso es la acción popular”. 

“Pero esa acción es nuestro plan B, el A es suspender ese contrato hasta se revise por parte de unos peritos especializados en el tema, que se termine el estudio al 100% para definir cuanto sería el aumento y se tenga en cuenta la situación económica de las empresas para establecer una gradualidad que pueda genera una voluntad en ese pago de impuesto para recuperar las obras que le faltan a la ciudad siempre y cuando no afecte la economía de las personas”, concluyó Luis Alfredo Huertas. 

“Con la acción popular se congelaría el tema, eso es lo que el pool de abogados nos ha indicado y si se unen todas las acciones legales, este proceso se aceleraría y puede darse un fallo más rápido, ya que la opción de la solicitud la presidente no tiene tiempo de caducidad y recordemos que él está terminando su periodo de gobierno”.

La postura del director de Fenalco Tolima, Óscar German Díaz, se sostiene en la tesis entregada está mañana por el gremio económico del cual él hace parte donde le piden al alcalde que suspendan la facturación del impuesto predial de la vigencia 2018 hasta que no esté toda la base catastral actualizada. 

“Tenemos que si no se visitaron el 50% en su totalidad pues imagínese esa inequidad que se puede estar presentado por no haber actualizado el 100%, además ponen condiciones diferentes a los empresarios ya que los impuestos nos son los mismos y uno de ellos entraría en desventaja, porque uno recibió actualización y el otro no, nosotros hemos analizado el impacto empresarial, impacto al sector comercial, donde ellos no aguantan más impuestos, recordemos que el impuesto del IVA le quitó $9 billones a los colombianos que no están en los hogares para el consumo de la canasta familiar ”.

¿Qué dice la Alcaldía? 

Por su parte el secretario de Hacienda, Juan Espinosa, en calidad de alcalde encargado de la ciudad de Ibagué, precisó que es bien recibido que la Fiscalía haga parte del proceso por el presunto daño en las acciones de la actualización catastral.  

“Ya era tiempo que la Fiscalía llegara a aportarnos evidencias, pruebas, o testimonio de lo que realmente está ocurriendo y que esas personas que supuestamente fueron inducidas a engañar a la comunidad, al municipio con avalúos catastrales por debajo o por encima del mercado o que hayan sido parte de delitos como el cohecho salgan y den sus nombres, sus cédulas y den las pruebas porque de ser así hay que adelantar o iniciar los procesos penales y llevar a la cárcel todas las personas que participaron”. 

Agregó que si no existen pruebas la administración adelantaráacciones penales para que se reparen los daños causados”.