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Casa Toro
  |   20.Septiembre.2022   |   Por:  
Disraeli Labrador

Disidencias de las FARC no tienen derecho a beneficios de la Justicia Especial de la Paz “alternativas”

Disraeli Labrador
Crédito: 
Ecos del Combeima
Aranzalez
Cualquier tipo de negociación que se haga con grupos armados ilegales, tengan o no un origen y propósitos políticos, no podrá ignorar estas reglas derivadas del derecho a conocer la verdad, a la no repetición, a la reparación integral, entre otras.
Velotax

El anuncio del presidente Gustavo Petro de buscar La Paz total y establecer un marco jurídico para los grupos al margen de la ley, disidencias de paramilitares, Ejercito de Liberación Nacional ELN y se incluye a la disidencia de las FARC-EP, es un mandato constitucional valido y positivo para Colombia, no obstante, se debe tener en cuenta que aquellos que incumplieron el Acuerdo Final de Paz (AFP) y no le es dable aplicarle la jurisdicción especial de paz y los beneficios establecidos en dicha justicia.

El Acto Legislativo 01 de 2017 que crea las disposiciones transitorias de la Constitución Política para la terminación del conflicto armado y crea la JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ, estableció que quienes hicieren parte del Acuerdo de Paz y se sometieron al mismo, tendrían beneficios jurídicos y deberían garantizar el no volver a cometer conductas punibles como garantía de no repetición y que en caso de realizar nuevamente delitos, estarían sometidos a la jurisdicción ordinaria. Es de sana lógica que un acuerdo está para cumplirse y el desconocerse su rigurosidad sería un pésimo precedente para aquellos que incumplen y se sometan a procesos o acuerdos de paz, pues sabrían de entrada que pueden volver a delinquir y la justicia los volvería a recibir con los mismos beneficios.

No obstante lo anterior, ante la voluntad de buscar una paz lo más completa posible, cesar la conflictividad y los horrores de la guerra y una confrontación militar eterna, tenemos tres elementos que deben ser considerados al momento de dialogar y eventualmente negociar un proceso de dejación de armas y sometimiento a la justicia por parte del gobierno nacional en eso que ha denominado: “La paz total”.

Primero: se debe distinguir entre quienes pueden considerarse en estricto sentido: “desertores (as)” y “no desertores (as)” del Acuerdo Final de Paz de La Habana Cuba (AFP). Esto, por cuanto algunos integrantes de las FARC-EP decidieron no acogerse al (AFP), y en ese sentido, mal podrían llamarse desertores (as). Frente a los últimos, habría varios caminos existentes, entre los que pueden contemplarse la Ley 782 de 2002, e inclusive, las disposiciones sobre amnistía previstos en el Código Penal colombiano, entre otras.

Frente a quienes firmaron el AFP es claro que no pueden acceder nuevamente a la JEP, debido a que las normas de procedimiento y estatutarias, así como la jurisprudencia de la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz (Sentencias interpretativas SENIT 1 de 3 abril y SENIT 2 de 9 de octubre del 2019) son enfáticas en señalar la pérdida de los beneficios, incluyendo la remisión de las diligencias a la jurisdicción penal ordinaria en casos de incumplimiento y reincidencia criminal. Además, porque la competencia temporal de esa justicia transicional abarca conductas cometidas con anterioridad a la entrada en vigencia del AFP (artículo 1, artículo transitorio 5 del Acto Legislativo 01 de 2017 y artículo 3 de la Ley 1820 de 2016). 

Así las cosas, se tiene que, al no aplicar las normas de la JEP habrá de pensarse alternativas como normas de sometimiento que preserven el estándar de privación de la libertad reconocido en experiencias anteriores como justicia y paz o la JEP, con un principio de centralidad de las víctimas. 

Lo segundo tiene que ver con el estándar internacional en materia de derechos humanos y el derecho internacional humanitario, así como los estándares de reparación de las víctimas reconocidos en Colombia, los cuales no pueden ser sacrificados desproporcionadamente en favor de quienes sean procesados por la justicia. Así, cualquier tipo de negociación que se haga con grupos armados ilegales, tengan o no un origen y propósitos políticos, no podrá ignorar estas reglas derivadas del derecho a conocer la verdad, a la no repetición, a la reparación integral, entre otras, lo que justifica un proceso benigno por parte de la justicia y que difiere de las altas penas irrogadas en la justicia penal ordinaria.

En tercer lugar, aunque parezca un asunto indirecto, la “Paz total” depende de cambios estructurales en tres grandes campos que no han sido claramente expuestos en la ruta de trabajo que plantea el gobierno pero que se espera conduzcan hacia dicho propósito:

1.    El anunciado cambio de enfoque en el tratamiento estatal a los cultivos de marihuana, coca y amapola, entre otras, cambiando la perspectiva punitiva y de criminalización, por políticas públicas de prevención, educación y salud pública, legalización, industrialización y alternativas económicas a las economías ilícitas.

2.    La reactivación de la economía campesina y la producción de alimentos, el cambio de modelo rural excluyente y precario, por un esquema integrado, industrial y comercial ambicioso, que reduzca tanto la dependencia de importación de alimentos que pueden producirse o que han dejado de cultivarse, como el precio del consumidor. Este tema, está pendiente pues los derechos del campesinado siguen siendo sin concretarse.

3.    La transición de la economía del narcotráfico mediante procesos de entrega de bienes, verdad y no reincidencia a cambio de tratamientos penales especiales exclusivamente por conductas asociadas a este punible, hacia una “destraquetización” de la sociedad y el Estado colombiano.