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Reinado Empresarial
  |   16.Noviembre.2017   |   Por:  

Ortega deberá definir antes del 30 de noviembre el futuro de la consulta popular minera

Jhon Ducuara, líder social, explicó que la iniciativa busca frenar las nuevas actividades mineras y petroleras por parte de la multinacional como Hocol que busca realizar más de 50 pozos petroleros en su territorio.

En el último año la figura de la Consulta Popular Minera ha cobrado gran relevancia a nivel nacional y en especial en el Tolima, en este momento se encuentra en manos del Concejo de Ortega hacer uso o no de la herramienta para intentar blindar al municipio de las multinacionales petroleras y mineras que han puestos los ojos en sus recursos naturales. 
Jhon Ducuara, líder social y ambientalista, comentó que la iniciativa nace frente a la necesidad de parar el avance de la petrolera Hocol y la multinacional AngloGold Ashanti que tiene  4 concesiones mineras en el municipio. 
“Habíamos tenido un inconveniente con el Consejo Nacional Electoral porque no nos habían expedido el certificado de estados contables pero se emitió la resolución por parte del registrador de cumplimientos legales para convocar la iniciativa, ese mismo día notificó al Concejo y a partir del 10 de noviembre cuenta con 20 días máximo para emitir un concepto de viabilidad o no”. 
El líder ambientalista reconoció que en el momento no existe el mejor ambiente frente a la iniciativa pues de los 13 concejales solo 1 ha apoyado la iniciativa sin reservar, el resto de cabildantes se mantienen en silencio o comentan que no es viable dado que el municipio se quedaría sin regalías. 
“Esperamos que la presión social que hemos ejercido a través de las marchas, la recolección de más de 9 mil firmas y la difusión a través de medios de comunicación y redes sociales, sirva para que los concejales reflexionen y cedan a que el pueblo sea el que decida”. 
Añadió que la comunidad se siente engañada por parte del alcalde pues se negó a convocar la consulta popular -pese a que en campaña se comprometió a proteger el municipio frente a estas empresas- argumentando que no podía irse en contra de la fuente de ingresos del municipio dado que debe realizar obras. 
“Nosotros estamos preparando la parte jurídica a través de una tutela ante el Ministerio de Hacienda y otra a la Alcaldía Municipal pues sería una clara violación al derecho de participación ciudadana y democracia”, apuntó Ducuara en caso que la consulta pasará y el Gobierno Nacional negará los recursos para adelantarla.