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IBAGUÉ - COLOMBIA, 19.Julio.2019
Terraverde
  |   15.Septiembre.2016   |   Por:  

“No voy a ser el idiota útil que permita a unos beneficiarse de otros, pretendo instar a los organismos de control para se manifiesten": Wilson Leal

El abogado Wilson Leal quien ha liderado el proceso en contra de la elección del contralor Ramiro Sánchez que aparentemente contó con sendas irregularidades, explicó que significa la decisión en primera instancia del Tribunal Administrativo del Tolima e invitó a los entes de control a dejar de mirar hacia otro lado ante la corrupción.

El pasado lunes el Tribunal Administrativo del Tolima determinó que la elección de Ramiro Sánchez, como contralor municipal,   se encontraba incursa en las causales de inhabilidad de acuerdo 272 y de la ley 136 de 1994, además el funcionario y el Concejo de Ibagué no lograron desvirtuar el valor probatorio de los elementos materiales que permitían inferir que el acto administrativo padecía de nulidad.
El Tribunal determinó que aún queda la oportunidad para las partes, tanto la demandada como la demandante, presentar los recursos pertinentes contra la sentencia antes señalada y hasta que no sea resuelta la misma no quedará en firme.
El abogado Wilson Leal explicó que la sentencia en primera instancia estaba ‘cantada’ pues hay distintas irregularidades en el proceso no solo por la inhabilidad sino también en fallas en el proceso cuando había trascurrido el 90% del trámite selectivo con el objetivo de elegir a una persona que a esa altura no era elegible. 
“Habían dos posiciones del doctor Carlos Ernesto Santana, una impugnar la elección y pretender que se declarará inhábil a Marcela Jaramillo, cómo se dice coloquialmente era enemigo del demandante y del demandado. Ésta última ésta evaluando la decisión porque una de las medidas que se espera es que se determine que debe hacerse uso de la lista de elegibles y se deben utilizar los criterios de elección que impuso el Concejo Municipal”, comentó el Abogado.
Se debe recordar que entre las reglas figuraba que para ser elegido contralor había que superar un mínimo de 80 puntos en el proceso selectivo y la única persona que lo logró fue la doctora Marcela Jaramillo y fue sobre ésta regla que el Concejo al parecer actuó para beneficiar a Ramiro Sánchez. 
“Esta es una sentencia de primera instancia en la que habrá recurso de apelación tanto de la parte demandante como la demandada, tratarán de sostener que el proceder del Concejo fue transparente, cosa que yo dudo, y nosotros intentaremos discutir la lista de elegibles para que el Concejo de Estado le provea el cargo a la doctora Marcela Jaramillo”, puntualizó Leal. 
En los días pasados se conoció que concejales de Cartagena y Valledupar fueron suspendidos por situaciones similares a la de Ibagué, el alcalde Rio Frío también fue acusado de haber prevaricado con los concejales para la elección de directores de entidades, sin embargo en Ibagué parece que los entes de control no avanzan con los procesos frente a la corrupción. 
“Pareciera que no hubiera un interés genuino por parte de la Contraloría, en una esquina del balancín estoy yo y en la otra hay senadores, representantes, 16 concejales, prácticamente todas las fuerzas políticas del municipio de Ibagué por lo cual no cabe duda que para la Procuraduría uno de los dos lados pesa más y no es el mío”, comentó el abogado. 
Frente a la posición de Guillermo Jaramillo ante ésta polémica indicó que no tiene evidencias sobre su participación pero que piensa que hay un problema de diseño de la arquitectura de la administración pública, pues las competencias de las Contralorías Territoriales están sometidas a los juegos políticos y generalmente se terminan eligiendo contralores que no van realmente a ejercer control. 
“Le auguró a los concejales el mejor futuro en la medida que ellos hagan predominar su  condición ante los entes de control, pero también pienso que van a salir sumamente deteriorados pues realizaron 3 elecciones en enero y hoy en día las 3 están suspendidas y si transcurre normalmente al final de año van a estar anuladas, ese fue un ejercicio de politiquería”, afirmó Wilson Leal. 
Finalmente el abogado apuntó que no está interesado en beneficiar a nadie sino instar a los organismos de control para que se manifiesten porque no es atendible que una Corporación Publica realice tres elecciones, las tres se las anulen y la Procuraduría siga mirando para otro lado.