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IBAGUÉ - COLOMBIA, 27.Febrero.2020
  |   15.Agosto.2019   |   Por:  
Ecos del Combeima

Gabinete de Jaramillo terminó ‘salpicado’ en comprometedor informe de la Contraloría

Alcaldía de Ibagué
Crédito: 
Ecos del Combeima
El organismo de control evidenció hallazgos en procesos contractuales de la Secretaría de Gobierno que podrían haber generado detrimento patrimonial.
Altos de Berlin

La Contraloría de Ibagué, en el marco de la auditoría especial que adelantó en torno a la Secretaría de Gobierno para las vigencias 2014 a 2018, detectó varias aparentes irregularidades que dejan mal parada la imagen del gabinete de Jaramillo y generan zozobra en cuanto a su transparente accionar.

Uno de los hallazgos más comprometedores está relacionado con el contrato 2097 del 2017, firmado entre la Secretaría de Gobierno y UNODC por valor de $250.629.850 con el fin de aunar esfuerzos técnicos entre la Alcaldía y la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito.

El objeto del vínculo contractual comprendía ejecutar acciones de prevención, identificación e investigación del delito de trata de personas en Ibagué; sin embargo, el Gobierno Municipal no aportó soportes sobre la clase de contratación de los profesionales, situación que para la Contraloría "genera incertidumbre en la realización y ejecución del objeto del convenio".

El oficio de la Contraloría

En efecto, a pesar de que se mencionan los integrantes del grupo que iría participar en las tareas y sus profesiones, no se aportan los documentos que lo acreditan, no se aportaron informes parciales, no se presentó informe final sistematizado en medio magnético y así sucesivamente presuntamente se incumplieron las obligaciones contraídas en el convenio, amén que tampoco se prueba o se justifica la inversión hecha por UNODOC según lo acordado, es decir, sobre los aportes del gasto de los $125.635.000.

Así las cosas, el equipo auditor de la Contraloría de Ibagué advierte que la Secretaría de Gobierno podría verse inmersa en un proceso de carácter administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por el aparente detrimento patrimonial por valor de $124.994.950.