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IBAGUÉ - COLOMBIA, 11.Diciembre.2019
Belvedere
  |   29.Noviembre.2019   |   Por:  
Miguel Angel Figueroa

Tres integrantes de la Policía fueron capturados por el Gaula por extorsión, concusión y otros delitos

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Suministrada
Los procesados están siendo investigados desde el 27 de octubre del año en curso, por exigir presuntamente dinero a 38 personas a cambio de no hacer efectivas órdenes de captura que tenían en su contra.

Se trata del intendente Jean Leandro López Castaño y los patrulleros Ronald Andrés Villalba Diossa y Harold Augusto Pérez Tovar, quienes fueron capturados en las últimas horas por miembros del Gaula de la Policía Metropolitana de Ibagué, tras una investigación que un fiscal delegado de la misma unidad tiene en su contra. 

Según se conoció, estas personas están siendo judicializadas por los delitos de utilización indebida de información oficial privilegiada, concusión, prevaricato por omisión y extorsión agravada tentada.

La Fiscalía logró establecer que estaban exigiendo dinero a varias personas que se encontraban dentro de un listado de 38 órdenes de captura, las cuales les habían sido asignadas para que las hicieran efectivas. Sin embargo, aparentemente empezaron supuestamente a presionar a los presuntos delincuentes, exigiéndoles sumas de hasta 40 millones de pesos a cambio de no hacerlas efectivas. 

Así mismo, amenazaban con judicializarlos por otros delitos como homicidio y narcotráfico, además de quitarles todas sus posesiones bajo la figura de extinción de dominio.

A lo largo de la investigación se descubrió que Villalba Diossa dentro de sus funciones en la entidad policial, era el encargado de recolectar la información relacionada con la posible extinción de dominio a las personas investigadas, pero ésta información era usada para extorsionarlas y calcular el monto por el cual harían la exigencia económica.

De este modo, los tres policías fueron presentados ante un juez con función de control de garantías de Ibagué, quien avaló las capturas. Por ahora se espera el desarrollo de la etapa procesal para determinar si son o no enviados a las instalaciones de un centro penitenciario.