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IBAGUÉ - COLOMBIA, 21.Mayo.2018
Prabyc
  |   13.Mayo.2018   |   Por:  
EL TIEMPO

Por embestida criminal, Gobierno se opone a retiro de 14.662 policías

Policía borracho en Colombia
Crédito: 
Imagen de archivo
Congreso aprobó norma para pensionar a uniformados del nivel ejecutivo. Gobierno lo negó por costos.

 

El presidente de la República, Juan Manuel Santos, le acaba de advertir al Congreso que el país requiere de personal altamente calificado para enfrentar los grupos armados al margen de la ley, disidencias y grupos armados organizados, entre otros que están alterando el orden público y la convivencia ciudadana

Por eso, en carta enviada al presidente del Congreso, Efraín Cepeda, se negó a sancionar el proyecto de ley que le da vía libre a la salida inmediata de 14.662 policías del nivel ejecutivo.

Según el texto aprobado por la Cámara y el Senado, ese personal lleva 20 años de servicio activo, por lo cual puede acceder a una pensión a pesar de estar en un promedio de edad de apenas 40 años. 

Hasta ahora, ese beneficio cobija tan solo a agentes, oficiales y suboficiales ‘troperos’. Pero, con el proyecto de ley, se extendió al llamado nivel ejecutivo.

Aunque este último grupo no está en el terreno, la gran mayoría de sus miembros son estrategas en operaciones de alto impacto en centros urbanos y expertos en capacitación de personal.

“El país atraviesa una situación de seguridad nacional y convivencia ciudadana que requiere de un pie de fuerza efectivo y disponible para atender los diferentes problemas de orden público”, insiste Santos en el pliego de objeciones al proyecto aprobado, que también firman los ministros de Defensa y de Hacienda, Luis Carlos Villegas y Mauricio Cárdenas, respectivamente. 

Para el Ejecutivo, si esa iniciativa sigue adelante se podría abrir un boquete en la lucha por mantener la seguridad ciudadana.

Pero la medida tiene además un impacto económico. En efecto, el retiro de este personal le costarían a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía 422.563 millones de pesos al año. Y a ese monto se le suman 181.000 millones más que valdría la incorporación y la capacitación del nuevo personal.

De hecho, durante el trámite legislativo, el Ministerio de Hacienda remitió comunicaciones para indicar que este proyecto –promovido por la senadora conservadora Nidia Marcela Osorio– impactaría las arcas del Estado.

Por eso, el presidente Santos instruyó a su equipo jurídico y su gabinete ministerial para que la decisión del Congreso de aprobar este proyecto de ley pueda ser reversada, sin importar en qué instancia haya que hacerlo.

Tomado de: eltiempo.com