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  |   19.Marzo.2018   |   Por:  
EL ESPECTADOR

Las razones de la Corte Suprema para archivar el proceso contra el senador Hernán Andrade

Senador Hernán Andrade, 2018
Crédito: 
RCN Radio
Para cerrar el capítulo de Hernán Andrade frente al desfalco de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), el alto tribunal tuvo en cuenta varios testimonios que explicaron que el congresista nada tuvo que ver con el escándalo.

 

El pasado 14 de marzo, bajo la ponencia del magistrado Luis Guillermo Salazar, la Corte Suprema de Justicia archivó el caso del político conservador, Hernán Andrade por no encontrar méritos para seguir la investigación que lo enrredaba con el desfalco en la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE). 

Dicho capítulo inició el 4 de marzo de 2011, cuando Juan Carlos Restrepo Piedrahíta, exdirector de la DNE, denunció que “un gran número de bienes y sociedades incautados al narcotráfico y bajo la custodia de la entidad, habían sido entregados en depósito a personas presuntamente referenciadas por congresistas, con el propósito de obtener beneficios económicos ilegítimos a favor de movimientos políticos en algunas regiones del país”.

En la denuncia se señalaba que el político conservador Hernán Andrade “habría influído ante la DNE en el nombramiento como depositario del señor Aniano Iglesias Flores”. De acuerdo a al fallo de la Corte Suprema, se trataba de tres predios ubicados en el municipio de Baranoa (Atlántico):  “Cristella”, “El Corralito” y “Las Cumbres”

Además, explica el alto tribunal, también estaban relacionadas 16 sociedades de Barranquilla, 16 establecimientos de comercio y 17 inmuebles. Dichas propiedades pertenecían a Carlos Saieh Jamis, Armando Jaar Jassir y sus núcleos familiares, los cuales llegaron a manos del Estado el 3 y 17 de febrero de 2005.

Una de las pruebas que tuvo en cuenta el alto tribunal para archivar esta investigación fueron las declaraciones juramentadas de Andrade e Iglesias en las que “negaron rotundamente conocerse y haber adelantado de manera conjunta diligencias ante la DNE.

El senador explicó en la corte que el incremento en sus ingresos, tema cuestionado en la denuncia e investigado por el alto tribunal, estaba relacionado con el ejercicio de sus funciones parlamentarias, mientras Aniano manifestó que sus vínculos con la DEN se originaron a partir de su postulación como destinatario.

Del mismo modo, la Corte escuchó en declaración a algunos de los servidores de la entidad quienes entregaron información clara al exdirector Restrepo Piedrahíta en la que “puede advertirse con claridad que no había elementos de juicio serios que les permitiera haber realizado dicha aseveración, –la de acusar a Andrade– tal y como lo demuestran, otras pruebas documentales y testimoniales acopiadas” afirma el alto tribunal.

Uno de esos servidores fue Libardo Guauta Rincón, a quien el alto tribunal le preguntó acerca de la injerencia de Andrade en la designación de depositarios. Ante este cuestionamiento, Guauta Rincón respondió que “no precisaba nada en particular sobre él” ni tenía presente persona alguna que se le hubiera acercado para hablarle algo del senador y que todo “era más de oídas…”, se lee en el documento.

Asimismo, Pulio Orlando Melo, coordinador de sociedades de la subdirección de bienes de la DNE, aseguró que no tenía conocimiento sobre la presunta injerencia de Andrade en la escogencia de Aniano Iglesias como depositario, calificando a éste como un buen administrador.

“Se observa que en la designación de Aniano Iglesias por la Dirección Nacional de Estupefacientes, como depositario y administrador de bienes, ninguna intervención tuvo el senador Andrade”, aclara la Corte Suprema de Justicia en su fallo.

De igual modo, el alto tribunal agrega: “Los hechos de la denuncia en torno a que fue el parlamentario quien recomendó a Aniano Iglesias, no resultan ciertos a la luz de las pruebas aducidas, empezando por los testimonios de quienes al parecer brindaron esa información”.

Una vez anunciado el archivó de la investigación en contra del senador Andrade, la corte hizo una acotación final que no libra del todo al congresista. En su decisión, el alto tribunal le pidió a la Fiscalía que investigue por separado el presunto aumento patrimonial no justificado que presentan las cuentas de Andrade.

Según la Corte Suprema, existe "una diferencia patrimonial de $240.416.824 millones de pesos”. Tras un análisis socioeconómico al parlamentario, que comprendió el periodo entre julio de 2006 y diciembre de 2010, se encontró dicha diferencia. Esta petición se da por el presunto delito de enriquecimiento ilícito de servidor público.   

El senador del Partido Conservador también se encuentra salpicado en el escándalo del cartel de la toga, que involucra a varios exmagistrados y abogados en sobornos, a cambio de frenar procesos judiciales en la Corte Suprema de Justicia. El congresista ha reiterado que no tiene nada que ver con este escándalo de corrupción.

Tomado de: elespectador.com