Hay que reconocer que, entre las buenas ideas de este gobierno —aunque incomode en algunos sectores—, la reforma agraria sí era necesaria. Y sí, es algo que el pueblo, los campesinos y el agro requieren con urgencia.

Hace tiempo estamos hablando de tierras improductivas, áreas con una vaca por hectárea, campesinos sin tierra y regiones abandonadas, donde el Estado solo aparece en elecciones. Y eso no es carreta. Hasta la misma Cecilia López Montaño, una mujer con la que tuve la fortuna de trabajar cuando ella era ministra de Agricultura y yo secretario de Agricultura del Tolima, lo ha dicho muchas veces: Colombia tiene una de las peores distribuciones de tierra de América Latina y una enorme cantidad de hectáreas subutilizadas. Y en eso Petro tenía razón desde el principio: la tierra hay que ponerla a producir.

Hasta ahí, la idea sonaba lógica. El problema —como siempre en Colombia— aparece cuando toca pasar del discurso a los resultados. Y ahí es donde me llamó mucho la atención el análisis que hizo Aurelio Suárez Montoya, el cual me llevó a escribir esta columna de opinión, sobre el libro de Cecilia López: Gobierno Petro ¿solo una pausa? Porque, más allá de la pelea política entre la exministra y el presidente, lo que muestran las cifras es algo preocupante: la reforma agraria prometida va muchísimo más lenta de lo que nos cuentan en las tarimas.

Según ese análisis, la Agencia Nacional de Tierras habla de más de 1,8 millones de hectáreas formalizadas. Pero Cecilia López asegura que esa cifra “está inflada”, porque realmente solo cerca de 1,35 millones cumplirían con todos los requisitos legales. Entonces, ¿estamos ante más de 450 mil hectáreas que no se pueden adjudicar? Qué bueno sería que el director de la Agencia Nacional de Tierras le cuente eso al país.

Además, el análisis de la exministra indica que, de los 3 millones de hectáreas que estaban para repartir, figuraban 703.661 “gestionadas”. Sin embargo, esta cifra incluye 233.106 hectáreas que aún están en proceso con el vendedor. Es decir: tierras ni compradas, ni adjudicadas, ni tituladas. Si retiramos esta cifra, el monto real de hectáreas sería de 470.555.

Para resumir, la exministra aclara que gran parte de estas tierras se entregaron a comunidades étnicas, un porcentaje menor para campesinos, y que en este momento la ANT tiene “guardadas” 365.747 hectáreas, convirtiéndose prácticamente en el mayor terrateniente de Colombia. No convirtamos, por temas burocráticos, al Estado en un tenedor de tierras, cuando son los campesinos y productores quienes de verdad las necesitan para hacer más productivo este país.

Ahora bien, felicito la intención y el programa en sí no lo estoy atacando. Y las cifras las da la misma exministra del gobierno nacional. Pero es evidente que su programa insignia va lento y muy lejos de cumplir la meta de los 3 millones de hectáreas.

Y lo más triste es que los campesinos van a los eventos esperando ser tenidos en cuenta para recibir tierras, como sucedió en La Virginia, Risaralda, donde el gobierno celebró la transferencia de 385 hectáreas del Ejército Nacional a la ANT. Y aunque en el evento anunciaron que “600 hectáreas de tierra del narcotráfico pasan a manos de campesinos”, ese día —9 de mayo de 2026— no se entregó ni un solo título, como lo describe Aurelio en su columna de opinión.

Insisto: el programa es bueno y reconozco la desigualdad que hay en Colombia frente a la tenencia de la tierra. Pero hay que avanzar. Es hora de que, en el poco tiempo que le queda a la ANT, adjudique la tierra que ya tiene, en vez de pensar únicamente en nuevas compras.

El gobierno no necesita más baldíos o lotes de engorde. Necesitamos más producción, ahora que la inversión disminuye y el gasto público se convirtió en el motor de la economía. Hoy más que nunca necesitamos esa Colombia rural que tanto nos ha dado y que ha jalonado nuestra economía.

No quiero terminar la semana sin antes mencionar que, ahora que se volvió común pintar las fachadas de las casas ajenas, si alguien decide pintar la casa de Rodrigo Londoño Echeverri, por favor no se le olvide la cifra de 35.683 homicidios que el Centro Nacional de Memoria Histórica le atribuye a las FARC. O los más de 5 millones de desplazados. O mejor, si van a la vivienda de la senadora Sandra Ramírez, recuerden también la cifra de 18.677 niños y niñas reclutados para la guerra, tema del cual aún no ha querido responder ante la JEP.

Porque así como no se nos pueden olvidar las 7.837 ejecuciones extrajudiciales por parte del Estado entre 1990 y 2016 —los falsos positivos—, algo que siempre lamentaré como exoficial del Ejército, tampoco se nos puede olvidar que aún hay muchas verdades de esta guerra que antiguos miembros de esas guerrillas comunistas todavía no confiesan ni reparan.