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IBAGUÉ - COLOMBIA, 24.Abril.2019
Terraverde
  |   02.Marzo.2016   |   Por:  

"No se puede imponer unilateralmente desde Bogotá una zona minera": César Rodríguez

El director de Dejusticia aclaró qué pasará con los dueños de títulos mineros de Ibagué en caso de ganarse la consulta popular minera, entre ellos Sumicol Corona y Feldespastos el Vergel.

A inició de semana se dio a conocer el respaldo del Concejo Municipal a la iniciativa de Consulta Popular en contra de la minería contaminante en el municipio de Ibagué, la cual está siendo impulsada por el alcalde Guillermo Jaramillo en el afán de proteger y conservar los recursos naturales del territorio. 
Han surgido sendas críticas en torno a la legalidad del proceso con respecto a que la minería en ciertos sectores del país es un proyecto de carácter prioritario para la Nación y además que ésta tiene a su cargo el uso del subsuelo y por tanto de su explotación. Sin embargo la Corte Constitucional emitió un fallo en el cual indica que pese a esto último, lo municipios son los encargados del uso del suelo por lo que ambos entes deben entrar a conciliar sobre el tema.
Otro punto de discordia es el costo económico de la consulta pues se estima que Ibagué tendrá que destinar cerca de 10 mil millones para llevarla a cabo y muchos sectores ha indicado que aun cuando ésta resulte favorable siendo aprobada en votación, los alcances no frenarían la minería en el municipio. 
César Rodríguez, director de Dejusticia, explicó que las consultas populares son constitucionales pues el movimiento estudiantil de 1991 lucho por mecanismos de participación ciudadana que en este momento en casos como la minería que atentan con el medio ambiente incluso las convierten en obligatorias. 
“En el nuevo fallo de la Corte Constitucional sobre la prohibición de minería en los páramos se reafirma que debe haber una concertación entre la Nación y los municipios, es decir que no se puede imponer unilateralmente desde Bogotá si se ven afectados el uso del suelo y el agua en un territorio, por esta razón hemos hecho la observación de que la Procuraduría no está siguiendo los lineamientos de la Corte y sus últimos pronunciamientos van en contra de la Constitución”. 

El director de Dejusticia aseguró además que la Corte Constitucional que las consultas en Colombia son válidas para que los alcaldes y el Concejo le den la posibilidad a la comunidad de pronunciarse sobre el uso del suelo de sus territorios. 
“Hay un debate jurídico sobre la aprobación de la consulta en el Tribunal Administrativo pero desde nuestro punto de vista experto e independiente,  no hay argumentos jurídicos para declarar la inconstitucional e incluso la pregunta está mejor redactadas que la que se presentó en el municipio de Piedras”, afirmó Rodríguez. 
El experto también explicó que la prohibición de realizar minería en los páramos viene desde el 2010 en el Plan de Desarrollo y entró en vigencia en el 2011, si se prohíbe la minería en los páramos los títulos que estaban otorgados antes de esa época entran en un dilema, el Gobierno planteó que se sostuvieran pero la Corte Constitucional hizo una interpretación fuerte en la que indicó que la minería estaba afectando directamente el agua lo que implica que ningún título minero puede funcionar así hubiera sido otorgado antes del 2010, si estos fueron otorgados de manera legal entrarían a indemnizarse a los dueños de los títulos mineros como podría presentarse en el caso de Sumicol Corona y Feldespastos el Vergel. 
“En los casos en que los títulos tienen expectativa de ser otorgado o en fase de exploración no hay derecho adquirido por lo cual no se tendría que indemnizar. Hay que entender dos cosas: si la ciudadanía vota a favor de restringir la minería contaminante tendría que ser reglamentado para saber qué tipo de minería entrará en la prohibición, si ya hay títulos mineros se tiene que revisar si la ésta afecta derechos adquiridos, si la empresa venía contaminando y hubo omisión por parte de la Corporación Ambiental se trataría aparte”, concluyó César Rodríguez.