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IBAGUÉ - COLOMBIA, 30.Mayo.2020
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  |   25.Julio.2014   |   Por:  

Zar Anticorrupción se pronunció sobre fotomultas

<p>El &nbsp;Secretario de transparencia, Rafael Merch&aacute;n envi&oacute; carta al alcalde Luis H. Rodr&iacute;guez advirtiendo que el proyecto de fotomultas como est&aacute; propuesto podr&iacute;a constituir detrimento patrimonial.</p>
Universidad de Ibagué

Esta es la carta enviada por Rafael María Merchán Álvarez, Secretario de Transparencia, y se remite con copia a Cecilia Álvarez Correa, ministra de Transporte y a Linda Esperanza Perdomo, presidenta del Concejo de Ibagué. 

Asunto: Facultades pro-tempore expresas al alcalde municipal de Ibagué, Tolima
Respetado señor Alcalde: 

La Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, en función de las competencias atribuidas en los artículos 72 de la Ley 1474 de 2011 y 3 del Decreto 4637 del 2011, recibió inquietudes de la ciudadanía con relación a los argumentos expuestos por la administración municipal en la solicitud de facultades tendientes a “contratar por concesión la operación de la detección electrónica y complementarios para la seguridad vial y el mejoramiento de la movilidad de Ibagué –Tolima”.
Por lo anterior y con el fin de preservar la participación ciudadana, control social, cultura de la probidad y transparencia de conformidad con el literal b) del artículo 72 del Estatuto Anticorrupción, se ponen a su consideración las siguientes inquietudes para que dentro de la autonomía administrativa que le asiste sean analizadas antes de sancionar el referido acuerdo.
La exposición de motivos de la solicitud de facultades presentada al Concejo Municipal, subraya como actividades que serán materia del contrato de concesión entre otras, el recaudo, administración, liquidación y distribución de multas, con fundamento en los artículos 7 y 160 de la Ley 769 de 2002, actividades que con la entrada en vigencia de la Ley 1386 de 2010, las entidades territoriales no podrían delegar bajo ninguna modalidad en los particulares.
Aunado a lo anterior, la facultad solicitada por la administración municipal, incluye la escogencia de dicho contratista mediante un proceso de licitación pública o la modalidad que esta considere pertinente, por lo que conviene resaltar que la única modalidad contemplada en el estatuto de contratación estatal para adjudicar un contrato de concesión es el proceso licitatorio y no otro.
De otra parte, al revisar las cifras que justifican la necesidad de la administración municipal de concesionar el servicio enunciado, se encontraron inconsistencias entre los valores de recaudo presentados el 12 de julio del presente año a la plenaria del Concejo por parte de la Secretaria de Transito y el documento técnico entregado como soporte a la exposición de motivos, por más de veintiséis mil millones de pesos.
Por último, no se encuentra el soporte técnico de la distribución de utilidades contractuales (60% - 40%), entre la administración y el particular, siendo el menor porcentaje para el municipio, lo que podría constituir un posible detrimento patrimonial.