El pasado fin de semana, la carrera Décima se convirtió en escenario de una protesta poco común. Con un balde de cal y una brocha, Santiago Parra, joven activista ibaguereño, trazaba una ciclorruta temporal entre el Panóptico y la Plaza de Bolívar. Su intención, según cuenta, era simple: evidenciar el abandono de la infraestructura para ciclistas en la ciudad.

Pero la acción, que en otros momentos había pasado inadvertida, esta vez tuvo un final distinto. En cuestión de minutos, uniformados de la Policía llegaron al lugar y le notificaron un comparendo por daño al mobiliario urbano. La multa: $1.500.000. Además, debía hacerse cargo de la limpieza.

Mientras Parra intentaba explicar que la pintura era temporal y que no requería permisos, la Secretaría de Cultura ya había consultado sobre los avales. La respuesta llegó desde la Secretaría de Movilidad: no se puede marcar la vía pública sin estudios ni autorización.

El secretario de Movilidad, Ricardo Fabián Rodríguez, defendió la medida. Sin embargo, en la misma declaración dejó abierta una puerta:

“Manifestarle a este activista, y a cualquier otro que tenga estas iniciativas, que son bienvenidas. Pueden acudir a la Secretaría de Movilidad, nos sentamos, nos tomamos un café, y podemos acoger esas propuestas que le puedan llegar a servir a nuestra ciudad”, dijo.

La contradicción no pasó desapercibida entre quienes siguen el caso: primero la sanción, luego la invitación al diálogo. Para Parra, el episodio confirma que, más allá de la voluntad declarada, la burocracia termina frenando iniciativas ciudadanas que buscan mejorar la ciudad.

El joven aún puede apelar la sanción. Mientras tanto, la ciclorruta de cal ya desapareció, pero el debate sobre cómo se construye y quién puede construir la infraestructura ciclista en Ibagué apenas comienza.