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IBAGUÉ - COLOMBIA, 20.Junio.2018
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Reinado Empresarial
  |   16.Abril.2018   |   Por:  
Ecos del Combeima

“Un "Elefante Blanco" que no se quedará sin sanción”: Contraloría

Panoptico Ibagué
Crédito: 
Ecos del Combeima
La Contraloría General de la República profirió fallo con responsabilidad fiscal por $1.239 millones contra contratistas encargados de restauración del Panóptico de Ibagué.

 

Se trata del contrato de obra Nº 215 de 2006, a través del cual se reconocieron y pagaron ítems que no fueron ejecutados, presentándose faltantes en cantidades de obra, deficiencias técnicas, estructurales y de calidad.

La Contraloría condenó fiscalmente a los contratistas de las obras, el Consorcio Ingenieros y Arquitectos del Tolima, representado por Jaime Garzón Chica, así como a sus otros integrantes, Víctor Armando Cortés Torres y Sonia Luz Álvaro Calvache.

El Consorcio estuvo representado legalmente por Jaime Garzón Chica, y lo integraron el mismo Garzón Chica, con una participación del 40%; Víctor Armando Cortés Torres, con una participación también del 40%; y Sonia Luz Álvaro Calvache, con una participación del 20%.

El monto total de la condena corresponde al valor indexado de los recursos públicos invertidos en la ejecución del contrato, que habían sido aportados por el Ministerio de Cultura.

El fallo de segunda instancia, y por tanto definitivo, confirmó que el detrimento patrimonial se ocasionó como consecuencia de la falta de planeación, supervisión, control y compromiso de los supervisores del contrato, así como de los contratistas, el interventor inicial y los diseñadores de la obra.

Sin embargo, la Contraloría a través de su Gerencia Departamental Colegiada en el Tolima, pudo establecer que al finalizar el término de ejecución de la obra se presentaron serias afectaciones técnicas y estructurales, así como ítems contratados pero no ejecutados, por lo que la inversión efectuada no cumplió el propósito cultural de restauración de un monumento nacional.

Las deficiencias técnicas y estructurales presentadas por la obra se resumen entre otros en: errores en la estructura metálica de la cubierta; materiales incompatibles en los acabados del Panóptico; daños de material y fisuras en muros pañetes y pinturas, entre otros.

En su momento, en ejercicio de la entonces denominada Función de Advertencia, y ante la importancia cultural e histórica de la obra, la Contraloría General de la República puso en conocimiento de manera oportuna, tanto de la Gobernación del Tolima como del Ministerio de Cultura, las circunstancias que se venían evidenciado en la ejecución del contrato, con el fin de que las autoridades competentes tomaran las acciones pertinentes.

Por lo anterior, el Contrato de Obra 215 de 2006 fue liquidado unilateralmente mediante Resolución 03360 del 15 de julio de 2011, ordenándole al contratista la devolución a favor del Departamento, de $1.394 millones de pesos.

El fallo de primera instancia adoptado por la Gerencia Departamental de la Contraloría General de la República en el Tolima, de fecha 23 de enero de 2018, fue apelado por lo que la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, a través de la Dirección de Juicios Fiscales, adelantó la correspondiente revisión y confirmó la condena contra los contratistas del Panóptico, mediante el Auto No. 000315 del 21 de marzo de 2018.

En efecto, revisado el acervo probatorio se estableció la cuantía del daño en $968.245.742, que en pesos de la época corresponden a las sumas pagadas a favor del contratista por las obras que finalmente no cumplieron su propósito. Dicha suma, indexada a la fecha del fallo, arrojó los $1.239.367.390 a los que fueron condenados los contratistas responsables.

La Contraloría en su decisión manifestó expresamente que durante la ejecución de las obras, “no se llevó a cabo el proceso de control de calidad sobre el material que se instaló en la estructura y entramado de la cubierta y entrepiso, notándose defectos por contenido de humedad y por mezcla de maderas”. Así mismo, “no es claro por qué los materiales de obra (madera y caña brava), que tienen una garantía mínima de 10 años, se encuentran en el estado de deterioro actual, sin haber sido recibida la obra en su totalidad”.

El fallo de segunda instancia confirmó que el detrimento patrimonial se ocasionó como consecuencia de la falta de planeación, supervisión, control y compromiso de los supervisores del contrato, así como de los contratistas, el interventor inicial y los diseñadores de la obra.

Según la decisión de la Contraloría, el daño fiscal se encuentra plenamente identificado y corresponde al reconocimiento y pago de unos ítems que no fueron debidamente ejecutados presentándose faltantes en cantidades de obra, deficiencias técnicas, estructurales y de calidad o parcialmente ejecutadas o sin ejecutar por parte del Consorcio Ingenieros y Arquitectos del Tolima.